«Buf... mi vida». Ana (nombre ficticio) toma aire. Está muy nerviosa, abatida, con el rictus de la desesperación y una mirada cargada de dolor. Madre de seis hijos, tiene a su cargo a los cuatro pequeños. De ellos, los tres mayores (12, 13 y ... 14 años) son el fruto de un matrimonio destrozado por las palizas. Se separó y después enviudó. La más pequeña (17 meses), es hija de un hombre que ahora tiene decretada una orden de alejamiento. Sí. Por dos veces, Ana es víctima de violencia de género. Pero prefiere «estar sola, aunque sea muy horrible» la angustia económica en la que viven: «No más gritos, ni golpes; no puedo, no puedo». Sus hijos están recibiendo atención psicológica y con ellos se han «volcado» los educadores y trabajadores sociales. Por su parte, ella va a retomar un tratamiento «por los nervios» que ya recibió hace años.
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Nos citamos en Cáritas. De antemano le hemos explicado que queremos hacer una información sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Más exactamente sobre las dificultades de los colectivos vulnerables de la comunidad para acceder a la ayuda.
Ana llega con retraso a nuestra cita: «He tenido que llevar la carta que me ha hecho el asistente social porque me dicen que me van a embargar la cuenta. Acabo de empezar a trabajar, es un empleo de campaña, de un mes, y ya me quieren embargar, cuando gano mil euros y pago 700 de alquiler».
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A priori, sin ingresos estables (durante el tiempo que no trabajó cobró una ayuda como víctima de violencia de género), su perfil se ajusta como un guante al de los beneficiarios del IMV. Pero, sorprendentemente, no es así. Solicitó la ayuda «apenas salió», es decir, a mediados de junio de 2020, pero se la denegaron de manera incomprensible: «La educadora social no se lo podía creer». Primer desahucio. Volvió a solicitar el IMV. Segundo desahucio. Ahora le reclaman que aporte nueva documentación, ya que ha cambiado por tercera vez de piso en cuestión de meses.
Y, entre tanto, no hubo otra solución: recurrir a Cáritas, que le ha ayudado a «pagar la renta de alquiler, las gafas, los alimentos...», pero lo que más valora es que «me escuchan» y que «me animan a seguir adelante; me dicen que lo puedo lograr». «Pero no sé lo que va a pasar, no sé cómo seguir... Veo a mis hijos llorar... No sé... no sé... ¡Qué voy a hacer si no encuentro otro trabajo y me vuelven a denegar el Ingreso!»
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El expediente de Ana es uno de los 41 que están en fase de 'subsanación' en La Rioja, es decir, pendientes de recibir información complementaria. Al cierre del 30 de septiembre, se habían aprobado 2.418 solicitudes de las 7.932 presentadas válidas. Esto supone una ratio del 30,4%. Es decir, tan solo prospera una de cada tres peticiones registradas en La Rioja.
En la comparativa autonómica son casi cinco puntos por encima del promedio nacional, pero está más de 18 puntos por debajo de las comunidades con un mayor porcentaje de autorizaciones: Navarra y el País Vasco, con el 49,9% y el 48,6%, respectivamente.
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En un principio se calculó que el IMV beneficiaría a unas 8.000 familias en La Rioja dando cobertura, en teoría con la norma en la mano, a catorce tipos distintos de hogares. La estadística confirma, sin embargo, que tan sólo 5.433 riojanos (2.150 de ellos menores de edad, el 39,6% de los beneficiarios) han podido acogerse al Ingreso en la región.
La responsable de Comunicación Cristiana de Bienes en Cáritas La Rioja, Caridad Garijo, atribuye este bajo grado de concesión del IMV a varios factores. Por un lado, el procedimiento de solicitud está totalmente digitalizado, lo que complica el acceso a a «las personas en situación de pobreza, que no tienen un ordenador ni internet, y a las mayores de 40 años que no cuentan con formación básica para saber utilizar los medios informáticos».
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Además, «las explicaciones de trece de los hitos (instrucciones sobre los datos) que hay que rellenar son totalmente confusas, y no saben cómo hacerlo solos, porque es muy difícil». Pero «también está dando muchos problemas el concepto de la unidad familiar». En La Rioja «tenemos muchísimas familias de etnia gitana dentro del colectivo de la pobreza y, como bien conocéis todos, pueden convivir varias generaciones (abuelos, padres y nietos), pero el IMV no la reconoce como unidad familiar, así que se están quedando fuera de la ayuda». Otro factor es que la unidad familiar esté constituida «desde hace más de un año», lo que choca de lleno con estos núcleos de convivencia caracterizados por «la inestabilidad» y «el cambio de parejas». «Y si ya se juntan un padre con sus hijos y una madre con los suyos, no digamos», advierte Garijo.
Asimismo, si el solicitante «se une o acoge a una persona en situación irregular, el IMV castiga a toda la familia, que pierde el derecho a la ayuda». Pero es que, incluso, el Ingreso «solo cuenta los tres primeros hijos, aunque sean más, cuando normalmente en la comida no decidan que hoy coman estos tres y mañana los otros». «Todos los días comen y se visten todos -subraya-, con lo cual las familias numerosas (tres o más hijos) salen muy perjudicadas».
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En todo caso, y esto es clave, el IMV «tampoco resuelve la pobreza económica». La horquilla de ayuda oscila entre un mínimo de 469 euros para un adulto solo, a un máximo de 1.033 para unidades mayores de convivencia. En la práctica, sin embargo, la cuantía es menor si se reciben otras ayudas, por ejemplo, para el alquiler de vivienda. Eso hace que la prestación media por persona en La Rioja «sean 189,27 euros, un dinero con el no es que no llegues a comer, es que no puedes pagar una habitación».
Otro de los problemas para las personas en riesgo de exclusión es que es que el IMV parte de los datos fiscales del ejercicio anterior. Y puede ocurrir que al solicitante «el año pasado le hubiera ido bien, porque tenía trabajo, pero en el momento actual está desempleado y no tiene ni para comer, pero no puede acceder al Ingreso por su última declaración de la Renta». Es decir, el IMV «no se adapta la situación que en estos momentos tienen» sus potenciales beneficiarios.
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Más problemas. Esta ayuda tiene que estar asociada a una cuenta bancaria, un modo de operatividad poco habitual entre los colectivos vulnerables. Y, asimismo, a la brecha digital se le suma «la lingüística» dado que a muchísimos «les resulta muy complicado comprender las palabras del lenguaje que se emplea en la tramitación». Por el contrario, la Renta de Ciudadanía «es mucho más cercana y la comunicación es verbal con las trabajadoras sociales, que están haciendo una labor muy buena».
Las dos ayudas, Renta e Ingreso, se pueden pedir a la vez en La Rioja. Se complementan. Pero, cuidado, porque la administración responde con más celeridad a la Renta que al Ingreso, cuya resolución tarda «varios meses». Y eso está ocasionando bastantes problemas. Así puede ocurrir que durante el tiempo en el que se espera el IMV, el ciudadano esté recibiendo la Renta. Pues bien, como el Ingreso se paga con carácter retroactivo, es decir desde el día en el que se solicitó, hay gente que, «de golpe, se encuentra con que tiene un abono de 3.000 o 4.000 euros, dinero que, desde luego no malgasta, sino que aprovecha, por ejemplo, para comprar ropa a sus hijos y saldar deudas». «Para cubrir sus necesidades», enfatiza Garijo. La cuestión es que «después se les reclama el dinero por entender que lo han cobrado de forma indebida dado que ya tenían durante esos meses la Renta». «No les ha favorecido mucho la verdad», concluye la representante de Cáritas.
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María no ha tenido la oportunidad de saber si en su caso se produciría un desfase de cuentas. No ha conseguido ni la Renta de Ciudadanía, ni el Ingreso Mínimo Vital. Tiene 29 años y a su cargo están su hija de dos años y medio y un hermano adolescente.
Durante cinco años trabajó en una empresa con contrato indefinido, pero lo dejó cuando se casó. Empezó a cobrar el desempleo, que alternó con épocas en las que estaba empleada porque «yo no he dejado de buscar un empleo». La prestación, que se agotó definitivamente en 2020, fue la razón de que le denegasen el IMV. Cuando se acabó esta cobertura volvió a solicitar el Ingreso y «aún no ha habido respuesta». Tampoco la ha obtenido para su solicitud de la Renta de Ciudadanía: «Me dijeron que faltaba documentación, la aporté, pero siguen sin decirme nada».
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A día de hoy, en su casa, no entra un euro -«Mi marido no está conmigo ahora» -, aunque María sigue buscando trabajo, «sea donde sea», sobre todo ahora que ya lleva a la niña a una guardería. Porque «esperando al IMV o a la Renta, de las que no tengo respuesta, no voy a ningún lado». Cuenta con algo que le pueden ayudar sus padres y desde hace varios meses, aconsejada por la asistente social, ha recurrido a Cáritas, que colabora en el pago del alquiler, «a la que estoy muy agradecida, porque ha sido la única organización que me ha respaldado». De hecho, «puedo llevar a mi hija a una guardería, porque me han permitido dividir el coste de la matrícula en cuatro pagos».
Durante los quince primeros meses de vigencia del IMV se recibieron 8.659 solicitudes en La Rioja, de las que el 91,6% es válida. Y de ese total se han tramitado 7.213 expedientes, el 90,9%. De ellos, 2.418 fueron aprobados y 4.754, denegados, la mayor parte por superar los umbrales de renta y patrimonio. Un problema que afecta de forma especial «a los solicitantes de nacionalidad española», enfatiza la responsable de Comunicación Cristiana de Bienes en Cáritas La Rioja.
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Garijo afirma que se trata de «herencias que ni siquiera se pueden poner a la venta porque no se ponen de acuerdo los hermanos, es decir, que no se pueden usar». Por el contrario, «muchas comunidades autónomas ya han hecho esta 'limpieza' en la Renta de Ciudadanía, de forma que no se estima tanto «el valor del patrimonio, sino el valor del usufructo».
Y eso es lo que explica la contradicción de que «una persona pueda tener reconocido el grado de pobreza por su comunidad autónoma y que el IMV diga que no, sin tener en cuenta los informes de la administración autonómica». En este sentido, Garijo comenta que «los departamentos de Servicios Sociales de la mayoría de las comunidades autónomas están luchando por conseguir que en todo esto se ponga más en orden».
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Porque el IMV «ha establecido un nivel de pobreza que se han inventado». ¿Qué es ser pobre?, le preguntamos entonces: «Económicamente, tener ingresos por debajo del 60% del Salario Mínimo Interprofesional (965 euros al mes). Pero para mí es un concepto más amplio; el aislamiento social, el estar más solo que la una. Como decía mi marido cuando alguna vez hablaba de alguien: 'Es tan pobre, tan pobre, que sólo tiene dinero'».
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