Rioja Salud asegura que el parking del CIBIR se contrató cumpliendo el pliego

Así lo ha explicado en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento regional sobre los contratos relativos a la gestión de los aparcamientos del Hospital San Pedro, en la que ha aclarado que su actuación en este asunto fue presidir la comisión técnica contratación creada para resolver esta adjudicación por procedimiento negociado y que terminó sus trabajos en julio de 2010.

Esta adjudicación se produjo después de quedar desierto el concurso en dos ocasiones anteriores. En la primera ocasión, las empresas aspirantes debían acreditar tres años de solvencia económica (2,5 millones de ingresos anuales) y capacitación técnica demostrada).

El primer concurso (con un canon de licitación de 16,3 millones) quedó desierto; en el segundo (8 millones, 200.000 euros al año) la Fundación Rioja Salud lo adjudicó de forma provisional a cuatro empresas (Zenón Hernáiz, Inmobiliaria Ortega, Viña de la Emperatriz y Reynal) y un mes más tarde, en julio de 2010, y de forma definitiva, a la mencionada 'Aparcamientos CIBIR, S.L".

La adjudicación se hizo cobrando a la concesionaria un canon de 9,4 millones de euros- con una previsión del 26 % de ocupación; y se renegoció un periodo transitorio de aplicación, hasta 2018, con el 22 %, aunque, actualmente, no supera el 4 % de sus plazas.

El que fuera director general de la Fundación Rioja Salud, José María Corcuera, alegó a esta comisión de investigación que este bajo nivel de ocupación era algo imposible de prever.

Maiso Fernández ha precisado que, como UTE, "Aparcamientos CIBIR, S.L.", cumplía las condiciones del pliego.

Entre otros aspectos, ha informado de que, una vez que esta comisión técnica, por unanimidad, determinó que la oferta presentada cumplía, en su conjunto, los requisitos económicos, financieros y técnicos del pliego, elevó la resolución al órgano de contratación, dirigido por el gerente de la Fundación Rioja Salud, que finalmente firmó la adjudicación.

También ha informado de que la comisión apreció, por los informes recibidos en la oferta, que los criterios que la empresa planteaba, sobre una ocupación estimada de un 22%, con un margen a cuenta de riesgo voluntaria de la empresa de un 25 %, eran factibles y realizables sobre la explotación de este aparcamiento, que supera las 500 plazas.

Ha recalcado que, una vez finalizado el trabajo esta comisión, el seguimiento de la ejecución de este contrato no corresponde a este órgano y ha indicado que, por lo tanto, no le compete valorar ni emitir un juicio de valor sobre el actual grado de ocupación de este estacionamiento.

En este contexto, ha reconocido que las previsiones no fueron acertadas, dada la ocupación actual de este parking, pero ha incidido en que, sobre los datos que había en aquel momento y que obraban en la oferta, se consideró que el contrato con Aparcamientos CIBIR era beneficioso para ambas partes y que desde un punto de vista técnico, no había impedimento alguno para aceptar la oferta.

Las cuatro empresas que conformaron esta UTE, ha indicado, acreditaron su vinculación con el sector inmobiliario y la gestión de aparcamientos, extremo que la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- ha puesto en duda, al igual que la solvencia técnica.

Maiso Fernández ha precisado que todos los órganos fiscalizadores de este contrato han avalado la solvencia técnica y económica de este contrato.

Durante la comparecencia, ha reconocido que no se requirió en el pliego una solvencia técnica por medios ajenos, que garantizara la viabilidad de la empresa para gestionar este estacionamiento.

Entre los criterios exigidos en el pliego, figura que hubiera un seguro de responsabilidad de un millón de euros, que, según ha indicado, cumplían dos de las empresas que formaban la UTE -con 600.000 euros cada una-, aunque no las otras dos.

Ha incidido que el sentido de formar una UTE es que varias empresas, unidas, puedan cumplir, en conjunto, los requisitos de los pliegos y no de manera individualizada, lo que algunos miembros de los grupos de esta comisión parlamentaria ha extrañado.

También ha informado de que a la comisión de contratación no le constaba que el aparcamiento del CIBIR fuera libre o no de pago y, en este aspecto, ha dicho que es algo que no figuraba en el pliego.

Maiso Fernández ha precisado que la decisión de que la adjudicación fuera por procedimiento negociado -sin publicidad- y no por concurso abierto, correspondió al órgano de contratación, que dirige el director gerente de la Fundación Rioja Salud, y no esta comisión, formada por personal técnico.