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Con el dinero público no se juega y, de ahí, las inspecciones exhaustivas para «combatir el fraude y la picaresca» en las prestaciones no contributivas, explica la responsable de Servicios Sociales.
-Como en todas las prestaciones económicas, muchos son previos, en el momento de ... hacer las solicitudes. Además, una vez concedidas, los beneficiarios tienen la obligación de notificar en el plazo de 30 días cualquier modificación que se haya podido producir desde la petición hasta su resolución, y en tercer lugar se realiza una revisión anual, que les obliga a declarar no sólo sus ingresos si no todos los cambios posibles: composición de la unidad familiar, domicilio, etcétera. También tenemos sistemas de cruce de información con la Seguridad Social (por si perciben otros subsidios), con Justicia (fallecimientos), con la Oficina de Extranjería (controlar que los inmigrantes cumplen el requisito de residencia) y con el Centro de Valoración de la Dependencia (para confirmar el grado en las pensiones de invalidez). Son mecanismos bastante inquisitivos para combatir el fraude porque, al fin y al cabo, de trata de dinero público. Es nuestra responsabilidad.
-Nosotros siempre procuramos presumir la buena fe de la gente. Y hay casos en los que puede haber desconocimiento, por ejemplo cuando se producen fallecimientos. De lo que menos se preocupan en esos momentos los familiares es de comunicar la situación a las autoridades. Se dan cuenta cuando realizan los trámites testamentarios. El cumplimiento de la Ley no exime de su cumplimiento, pero hay situaciones en las que debemos ser inflexibles. Los ingresos percibidos de manera indebida son una parte de la gestión de las administraciones en la que más hincapié hacemos porque es dinero de todos.
-Sí, siempre se genera un procedimiento para reclamarlo porque es un enriquecimiento injusto. Otras cosa es que la devolución sea factible o no en función de su capacidad económica o de la picaresca, que también se da en estos casos. No obstante, llegamos a la vía de apremio si lo vemos necesario. Pero sanción, como tal, en principio no.
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