Los colegios riojanos activarán comisiones urgentes contra el acoso escolar

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha anunciado hoy la puesta en funcionamiento de este protocolo de actuación, junto al consejero de Educación, Alberto Galiana, informa EFE.

De acuerdo con este protocolo, los centros educativos sostenidos con fondos públicos estarán obligados a activar, de forma inmediata, la comisión creada en su propio centro, para valorar el caso.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que desde la notificación del caso -que puede provenir de distintas vías- se debe constituir en el plazo de 24 horas una Comisión de Valoración Urgente de la Convivencia, encargada de aplicar medidas de urgencia, si así lo estimara oportuno, y de recoger, analizar y valorar la información.

Una vez confirmada una situación de acoso escolar, se adoptará un plan de actuación individualizado, del que se informará a las familias, al equipo docente, a la Comisión de Convivencia y a la Inspección Técnica Educativa, ha precisado.

De manera complementaria, el Gobierno de La Rioja trabaja en la formación especializada del profesorado de los centros en la sensibilización y detección de casos de acoso escolar, así como en la implantación de medidas de inteligencia emocional, innovación educativa, ha informado Ceniceros.

Además, el Gobierno trabaja para que en los centros haya especialistas que colaboren en estos casos. El presidente del Gobierno de La Rioja ha explicado que el pasado año se abrieron 16 expedientes por acoso escolar, de los que la mayoría se resolvieron en el centro educativo y otros están en fase de trámite administrativo.

Ceniceros ha aclarado que el acoso escolar es "una realidad en las aulas y su entorno que no se debe ignorar".

También ha destacado los esfuerzos realizados por el Ejecutivo riojano para avanzar "en la detección e intervención ante posibles situaciones de violencia entre iguales" con actuaciones como el programa piloto puesto en marcha el pasado curso en 23 centros educativos con formación especializada para las familias, los docentes y los alumnos; el programa de Tutoría entre Iguales, dirigido a alumnos de Secundaria; o el programa Media-2.

A estas medidas se une ahora el protocolo aprobado por el Gobierno de La Rioja, dirigido a "prevenir, detectar y combatir cualquier tipo de discriminación o acoso", en el que también han colaborado magistrados, ha informado.

Además, este protocolo está planteado para "dar una respuesta más rápida y eficiente ante posibles casos de violencia escolar", ha señalado.

Desde el primer momento, ha precisado, se deben medidas de protección a la víctima, pero el procedimiento "debe ir más allá".

El presidente ha defendido la necesaria puesta en marcha de medidas de actuación con el agresor o agresores, el grupo, las familias y el equipo docente, que servirán además para prevenir otros posibles casos.

Ha recordado que "los centros docentes tienen la obligación de proteger a los menores de situaciones de rechazo y exclusión social y de favorecer la convivencia y corregir las situaciones inadecuadas".

Al respecto, ha subrayado que el protocolo asegura "una intervención coordinada de todos los profesionales del centro educativo y de éstos con las familias y otros servicios externos" para activar de forma inmediata la intervención.

El nuevo protocolo ha sido elaborado por profesionales que representan a diferentes agentes educativos y, en especial, por funcionarios docentes del sistema educativo riojano. a quienes el presidente riojano "ha agradecido su labor".

Este documento busca ayudarles en esa tarea ofreciéndoles "un marco general de actuación que sistematiza un procedimiento común" ante posibles casos de acoso, y garantiza "el rigor en la investigación" de los mismos.

Para ello, el documento establece tanto la definición y características del acoso escolar como una descripción de las manifestaciones propias, participantes, consecuencias e indicadores de detección, con el fin de ayudar a las familias y al profesorado a detectar estas situaciones.

El protocolo define el acoso escolar como "un proceso en el que se produce un maltrato sistemático entre iguales, mantenido en el tiempo y con la intención de hacer mal, imponiendo un esquema de abuso de poder desequilibrado entre víctima y agresor".

Finalmente, ante el conocimiento de un posible caso de acoso escolar, se fija un protocolo en el centro educativo -a través de la citada Comisión- para intervenir de manera adecuada, con una serie de documentos a cumplimentar en cada una de las actuaciones.

Incluye también los formularios y documentos a cumplimentar en cada una de las actuaciones y ofrece una guía para docentes a la hora de abordar las reuniones con las familias y las entrevistas con los alumnos implicados.

Además, cuenta con indicaciones sobre las situaciones en las que puede manifestarse el acoso y las consecuencias que tiene para la víctima, el acosador y los observadores.

El equipo directivo es el responsable de realizar el posterior seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

José Ignacio Ceniceros ha expresado su confianza en la "utilidad de este protocolo para afrontar el problema y contribuir a mejorar el clima de convivencia en nuestras aulas sobre los principios de respeto y tolerancia".

Según los últimos datos de los que dispone la Consejería de Educación, Formación y Empleo, la Inspección Educativa gestionó 15 expedientes por acoso escolar en el curso 2015-2016, mientras que el curso posterior fueron 16.