La cláusula suelo de la AP-68

El convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno regional y la concesionaria de la autopista, el tercero que suscribían desde 1999, fue celebrado por los usuarios riojanos, sobre todo por quienes necesitan transitar por la AP-68 (se evitan circular por la peligrosa N-232) para desarrollar su trabajo. Y ello, pese a la tormenta política desatada, pues se trató de una medida más adoptada para compensar la penalización que supuso para los riojanos que en el 2000 se ampliase la concesión a Avasa (perteneciente a Abertis) hasta el 2026.

La iniciativa resultó un éxito rotundo y, prueba de ello, es que año tras año se han ido batiendo todos los récords de utilización (casi dos millones de tránsitos), excepto en los ejercicios más duros de la crisis, lo que demuestra hasta qué punto esta gratuidad está vinculada a desplazamientos por motivos laborales. Pero los usuarios riojanos observaron posibilidades adicionales de provecho más allá de los recorridos internos: los desplazamientos en el día a otras comunidades. Ejemplos: si se dirigían desde Logroño a Zaragoza, salir en Alfaro (la última estación de la AP-68 en suelo riojano) y volver a entrar de inmediato en el peaje, en cuestión de pocos minutos, para continuar viaje hasta la capital aragonesa, ahorrándose el coste del trayecto interior. Lo mismo si su destino era Bilbao: abandonar la autopista en Haro, reincorporarse a ella y pagar solo por los recorridos entre la capital vizcaína y la ciudad jarrera. Inicialmente los coches realizaban esas maniobras en las áreas de cabina, pero posteriormente se colocaron unos bolardos que lo impedían. Desde entonces, los usuarios se incorporan a la carretera en la que desemboque la autopista, buscan un punto en el que hacer el cambio de sentido y de nuevo acceden a la AP-68.

Desde finales del año pasado las cosas han cambiado. Diversos lectores se han puesto en contacto con este diario para alertar de que esos trayectos interiores también están obligados a 'pasar por caja'. Lo que ha coincidido en el tiempo con una cuestión relevante: que esta medida de gratuidad, y las que la acompañan, le empezó a costar dinero a la autopista en el 2016, ya que a partir de ese ejercicio el coste total rebasó el tope de diez millones de euros que, como máximo, según el convenio, están comprometidos a pagar el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Fomento. A partir de ahí, la concesionaria corre con el gasto extraordinario que se genere.

Varios usuarios se han dirigido al Ejecutivo de La Rioja para conocer las razones por las cuáles se les priva «ahora» de lo que consideran «un derecho» ejercido «durante años». La Consejería de Fomento admite haber recibido quejas pero, al tratarse de «una cuestión de cobros», remite a los usuarios a la concesionaria de la autopista.

Y ¿qué dice Avasa? Pues se acoge al mismo convenio que, debido al éxito de las medidas de gratuidad, le está penalizando. Un documento en el que se incluye una cláusula, según la cual debe transcurrir al menos una hora entre la salida y la entrada en el peaje. Todo ello, para «garantizar una correcta utilización de las medidas (...), respetuosa y acorde con la finalidad pretendida». Disposición «que siempre ha estado activada». «No se está ejerciendo ni más ni menos control y el procedimiento es el mismo», sostiene.

Así las cosas, y conforme a esta cláusula incluida en el acuerdo, las reclamaciones se caen por injustificadas. Lo usuarios lo asumen, sí, pero se niegan a aceptar que la concesionaria no esté comprobando con mayor celo las entradas y salidas en los peajes riojanos, y que quizás haya encontrado en el convenio la solución al mismo contrato que le cuesta dinero.