Cincuenta senadores del PP impugnarán ante el Constitucional la Ley de Protección Animal

«Sí, tenemos claro que la Ley de Protección Animal que se ha aprobado en el Parlamento de La Rioja puede infringir algunos preceptos constitucionales y por eso se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad y, aunque podría hacerlo el Gobierno de La Rioja, se va a presentar por 50 senadores porque consideramos que se incumplen fundamentalmente competencias estatales», confirmó ayer a Diario LA RIOJA el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

«El expediente se está armando, pero está muy avanzado para su presentación», avanza Íñigo Nagore, quien detalla que «lo que más dudas de constitucionalidad plantea es, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con las facultades que se les otorgan a los inspectores para entrar en cualquier momento y en cualquier lugar para verificar el cumplimiento de la ley, lo que contraviene claramente la Constitución, que solo permite entrar en un domicilio con una orden judicial». No es el único aspecto, sin embargo. También están bajo sospecha los apartados que establecen que los centros de acogida que tienen que tener los municipios de más de 10.000 habitantes solo podrán ser gestionados por el ayuntamiento o por la asociación protectora que sea entidad colaboradora, ya que, considera Nagore, «puede vulnerar la ley de contratos de libre concurrencia». La esterilización y su afección a la cría de perros de caza, entre otros puntos, también genera dudas.

Además de las posibles incompatibilidades, el Gobierno de La Rioja entiende que «hay bastantes aspectos de la ley de difícil aplicación, por ejemplo la obligatoriedad de un certificado veterinario para poder dar de baja a un animal que ha fallecido; o la imposición a todos los ayuntamientos sin excepción de un servicio de recogida de 24 horas», concreta el consejero, para recordar que «hay muchas obligaciones, 15, y muchas prohibiciones, 30, que detallan demasiado y que, en principio no puede pasar nada, pero si a alguien le da por denunciar que el dueño de una mascota no lo ha sacado a pasear o que lo tiene en un balcón pequeño obligará a la Administración a actuar, a incoar un expediente y a aplicar el régimen sancionador».

Un procedimiento en el que, resalta, «estará un agente externo, la asociación protectora que ha sido facultada con esta ley para participar en las inspecciones y que será parte interesada en todos los expedientes». «Esto abre un melón que puede generar indefensión para el posible infractor», avisa Nagore, que destaca que «es una ley hecha a medida de la asociación que impulsó la ILP y excluye a las demás». Finalmente, el consejero aporta dos argumentos más de «preocupación»: la aplicación inmediata de una ley desconocida todavía para propietarios de mascotas y el resto de actores que operan en el sector, como las tiendas; y el «contrasentido de que incluso los partidos que han posibilitado la aprobación de la ley admitan que hay aspectos complicados, discutibles y mejorables»

Desde la Protectora de Animales de La Rioja (APARIOJA), su presidenta Carmen Faulín consideraba ayer «absurda» la impugnación porque «la ley no tiene ninguna materia objeto de un recurso de constitucionalidad porque cualquier norma pasa por el Consejo Consultivo del Parlamento de La Rioja antes de su aprobación y ésta ha pasado dos veces». «Es una falta de respeto para las instituciones riojanas porque esta ley, impulsada por esta asociación mediante una ILP que contó con 24.080 firmas, se ha tramitado con todas las garantías de principio a fin».