Cáritas, contra las comisiones abusivas

Cáritas La Rioja lleva tiempo haciendo constar esta coyuntura que está dejando a buena parte de sus usuarios al límite de la subsistencia. La nueva realidad es cuantificable. Alguien que perciba una retribución inferior a 600 euros puede tener que llegar a pagar a su banco hasta 240 al año (60 por trimestre) porque además no puede acceder a los productos que minoran esa presión como seguros de ahorro, planes de pensiones individuales o fondos de inversión.

 A la brecha social se suma otra digital que encarece el vínculo con el banco. Ya son también frecuentes las comisiones por cada operación que no se realice por internet. Incluso sacar dinero en ventanilla tiene un coste que en ocasiones puede alcanzar los cien euros. No es raro así que el saldo de la cuenta quede en números rojos, ante lo cual las entidades cobran una media de 14 euros además de los intereses, y hasta 35 añadidos por comunicarlo. Los particulares tienen aún en la banca 'on line' un oasis de cero comisiones. Especialmente para nuevos clientes, con ventajosas ofertas de servicios y productos como compras de divisas de las que de nuevo los más vulnerables, quienes sufren una pobreza analógica, quedan al margen en un contexto agravado por la crisis del COVID.

Caridad Garijo advierte de las dramáticas consecuencias que el caso implica entre la población menos pudiente. Riojanos con recursos mínimos pero que están obligados a disponer de una cuenta donde la Administración ingresa las ayudas a las que pueden acceder. «Nadie sabíamos nada al respecto ni nos imaginábamos qué suponía», comenta la responsable del área de comunicación de Cáritas. La realidad ha llevado no solo a lamentar la situación, sino a explorar la casuística y descubrir una vía alternativa ya existente aunque apenas conocida. Se trata de las cuentas de pago básicas. Una fórmula contemplada por la UE en una directiva de julio del 2014 que obliga a los estados miembros a facilitar el derecho a disponer de una cartilla, requiriendo a las entidades financieras aplicar condiciones ventajosas para los consumidores más necesitados.

La normativa comunitaria se traspuso en noviembre del 2017 y se completó mediante una orden dos años más tarde. Los bancos españoles deben así incluir en su catálogo esta posibilidad para quienes no pueden contratar una cuenta corriente tradicional por sus limitados ingresos. Sin embargo, el hecho es que no siempre es así y hasta se desconoce la vía. «Si en muchas sucursales no tienen constancia de las cuentas básicas, es evidente que una persona de a pie tampoco, y mucho menos si carece de medios de información suficiente», expone Garijo. Recabar esos datos, darlos a conocer y batallar para que nadie quede atrás es una de las tareas que suma Cáritas a su labor diaria.

Los bancos están obligados a ofertar esta opción a tres perfiles de personas: residentes de la UE aunque no tengan domicilio fijo, solicitantes de asilo y aquellas sin permiso de residencia que no puedan ser expulsadas del país por algún motivo. A ellos no se les podrá cobrar más de tres euros al mes por disponer de una cuenta de pago básica y un paquete de servicios mínimos que incluye desde su apertura, uso y cierre, hasta la retirada de dinero en oficinas y cajeros, pagos con tarjeta, etcétera. El abanico se amplía a quienes no puedan acceder debido a su bajo nivel de renta, los cuales deben acreditar una serie de requisitos, empezando por los basados en el IPREM. La normativa establece igualmente que la gratuidad de este tipo de cuenta se mantendrá durante dos años, salvo que el usuario salga del colectivo de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.