Alfonso Domínguez | Consejero de Hacienda y Gobernanza Pública

«La cesión de impuestos a Cataluña nos deja al resto de comunidades totalmente indefensas»

– ¿Qué le parece el documento del acuerdo entre Junts y PSOE?

– El Gobierno de La Rioja ha sido elegido para defender los intereses de los riojanos. Desde esa perspectiva, la parte presupuestaria de este acuerdo cuenta con nuestra total oposición. Es muy preocupante porque significa establecer un privilegio financiero para una comunidad autónoma en concreto que supone un perjuicio para el resto de comunidades y para los servicios públicos que se prestan en esas otras regiones. Eso nos obliga como Gobierno a defender los intereses de los riojanos en cualquier instancia y de cualquier modo.

– ¿Qué puede hacer el Gobierno de La Rioja?

– Analizaremos todas y cada una de las medidas que se apliquen en el desarrollo del acuerdo y nos opondremos a todas con total contundencia. De momento, lo que ya se puede hacer es reclamar que todo lo que tenga que ver con las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas se dirima en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hemos exigido ya públicamente que se convoque y esto es lo primero que creemos que debe suceder, que se convoque y que todas las comunidades tengamos voz y podamos decir lo que pensamos de este tipo de acuerdos.

– El acuerdo prevé ceder el 100% de los impuestos a Cataluña.

– Cuando hablamos del 100% de los impuestos estamos hablando de lo que se conoce como un pacto fiscal, un cupo al estilo de lo que sucede con las haciendas forales. Nuevamente no se puede hacer nada de eso porque es un privilegio para una comunidad autónoma que, además, deja completamente indefensas al resto de comunidades desde el punto de vista financiero. Lo que decimos es que la cesión de impuestos, también el sistema de financiación de las comunidades autónomas, tiene que hacerse por acuerdo de todas, como se ha hecho en anteriores ocasiones. No podemos pasar porque haya un acuerdo entre partidos políticos para ceder el 100% de los impuestos que se recaudan en esa comunidad. Es completamente insolidario con el resto de España porque impide que el Estado preste servicios. Si el Estado no puede recaudar impuestos supone que no puede prestar servicios, con lo cual vuelve a perjudicar los intereses de los riojanos, así que estamos totalmente en contra y dispuestos a hacer cualquier acción que defienda los intereses de los riojanos.

– ¿Entiende esa cesión fiscal cuando Madrid, tras el fallo del Constitucional, podría tener que recaudar el impuesto a las grandes fortunas?

– En algunos casos supone atribuir el total de la autonomía financiera a unas comunidades mientras que a otras se les intenta restar autonomía financiera. Una vez más se quebranta el principio de igualdad de todos los españoles, que tienen unos derechos en unos territorios y otros distintos en otros. Siempre hemos dicho que para que exista autonomía política tiene que existir autonomía financiera. Esto significa que sean los ciudadanos de cada región los que decidan a través de los representantes políticos que eligen para gobernar cuál quieren que sea su modelo fiscal. Lo acabamos de ver en las elecciones de La Rioja. Frente a un modelo fiscal que venía subiendo impuestos constantemente los últimos cuatro años, han elegido un modelo que ha comprometido reducir los impuestos a los riojanos.

– El acuerdo entre Junts y PSOE incluye referencias al lawfare, que, según todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las progresistas, y el CGPJ, supone un atentado a la independencia judicial.

– Como profesional del derecho me parece una quiebra del principio de separación de poderes, pero eso escapa de la competencia financiera y de presupuestos que tengo como consejero.

– Hablaba antes del cupo catalán. En La Rioja hemos sufrido las vacaciones fiscales de las comunidades vecinas. Para compensar ese agravio ¿se va a reivindicar la aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía?

– Este Gobierno es un convencido del artículo 46. Hemos defendido, incluso en tribunales españoles y europeos, los perjuicios que nos provocan los regímenes forales vecinos y eso tiene que tener siempre una compensación por parte del Estado, eso es lo que dice el artículo 46. Los últimos cuatro años no ha existido nada relacionado con la aplicación del artículo, simplemente porque se anunció la existencia de un dictamen por parte de la Universidad de La Rioja, que es técnicamente irreprochable, pero no dio lugar a ninguna consecuencia política. Nosotros hemos obtenido compensaciones en forma de inversiones del Estado. Seguimos defendiendo lo mismo: el Estado debe invertir más en esta comunidad en compensación del artículo 46. Lo que decimos es que tiene que haber contactos y comisiones entre el Estado y la Comunidad de La Rioja para definir cuáles son esas inversiones que va a realizar el Estado en nuestra comunidad en aplicación del artículo 46.

– ¿Lo ve posible con Pedro Sánchez en La Moncloa?

– Hasta donde yo sé es el presidente del Gobierno de España y va a ser el presidente del Gobierno de España, según parece indicar, y lo que tendrá que hacer es aplicar la ley española que es el artículo 46 del Estatuto de Autonomía.

– Hablando de presupuestos, 1.947,38 millones, una cifra histórica pero con pocas inversiones reales.

– Las inversiones crecen en este presupuesto. Existía una mala praxis presupuestaria en el Gobierno anterior que implicaba una presupuestación de una serie de millones en 2022 y 2023, entre 30 y 40, que desde el minuto uno se sabía que no se iban a ejecutar. De hecho, hemos preguntado a los técnicos en las diferentes direcciones generales qué tipo de desarrollo tenían estos expedientes y nadie conoce absolutamente nada. Se llamaban proyectos complejos, de una manera muy imprecisa en el presupuesto y desde el 1 de enero de cada año ya se sabía que no se iban a ejecutar. Teniendo en cuenta que esta mala praxis se hacía en el entorno de los fondos europeos, el compromiso de este Gobierno es invertir en los próximos tres años 244 millones.

– Esta semana la oposición criticaba los presupuestos porque, entre otras cuestiones, sostenía que el incremento de la partida prevista para Educación va destinada a la concertada.

– Nada que ver. Hay un crecimiento total de la política educativa de 36,5 millones, sube un 10%. El incremento de la partida en los conciertos educativos no tiene nada más que ver que con ajustar la partida a la realidad del gasto. Esa partida estaba conscientemente infrafinanciada, seguramente para no tener que decir que se incrementaba el gasto en conciertos educativos, pero la realidad es que todos los años, en el mes de noviembre, la Consejería de Hacienda tenía que inyectar más dinero para poder terminar el año. Aún con el incremento que hemos hecho para ajustar el gasto real, la educación pública y todas las redes suben un 10%, lo que nunca ha sucedido en ningún presupuesto de los años anteriores y este es un refuerzo para toda la educación pública y sostenida con fondos públicos.

– También aumenta la partida de gasto de personal médico, pero no parece fácil, ¿qué se va a hacer para que resulte atractiva una plaza en La Rioja?

– La primera medida que hay que tomar es implantar un plan de choque para reducir las listas de espera, que es lo que más nos preocupa. Una sanidad no es de calidad si los ciudadanos no pueden acceder rápido. La primera solución es poner dinero encima de la mesa, por eso este incremento tan importante que ha supuesto la política de sanidad. 604 millones de euros, que son 32 millones más, la mayor parte son para reforzar el capítulo I porque el hospital San Pedro está operando al máximo de su capacidad, por las mañanas, por las tardes y los fines de semana y eso implica un refuerzo porque hay que retribuir a los profesionales. Además de eso, incrementaremos el número de profesionales en la medida que se pueda.

– La Ley de Medidas Fiscales supone la defunción de la Agencia Riojana de Transición Energética (Artecc), y cuando anunciaron su cierre avanzaron la posible desaparición de otros organismos creados por el anterior gobierno.

– Hemos propuesto la eliminación de Artecc porque consideramos que lo que pretendía es un grave error, sacar a los funcionarios públicos de la gestión de los fondos públicos. Artecc tenía la teórica misión de ejecutar políticas de impulso de las energías renovables y esto quien sabe hacerlo son los funcionarios. Llevan muchísimos años haciéndolo y ahora en la Dirección General de Economía están los funcionarios que saben hacerlo. No necesitamos una entidad externa que vaya a realizar esas actividades. También nos comprometimos a analizar todas y cada una de las entidades del sector público. Hemos visto que ADER es un buen elemento para potenciar el crecimiento económico, por eso la reforzamos y la reestructuramos. Artecc no es buena y la eliminamos y continuamos con las auditorías, como la Fundación del Envase y el Embalaje y recibimos algunos avances de las auditorías y cuando las tengamos al completo las expondremos en el Parlamento.

– ¿En qué dirección van esos primeros informes?

– Preferimos ser prudentes, pero ya indican que algunos aspectos de la gestión no son adecuados.

– El PP llevaba en su programa la eliminación del impuesto al Patrimonio ¿Para cuándo?

– Llevábamos dos cosas, que vamos a convertir a La Rioja en la comunidad en la que menos impuestos se pague y en segundo lugar que para conseguir ese objetivo vamos a eliminar o bajar todos los impuestos sobre los que tenemos competencia. Lo que sucede con este impuesto es que hay una iniciativa nacional con el impuesto a las grandes fortunas que puede colisionar con la gestión del impuesto del Patrimonio por parte de las comunidades autónomas. Lo que estamos haciendo es analizar la última sentencia del Constitucional y en función de lo que nos digan se tomará una decisión, pero el compromiso es eliminar o reducir todos los impuestos sobre los que tenemos competencia, incluido el de Patrimonio.