«Hay que centrarse en cómo está el sistema a nivel global, más allá del caso de La Rioja»

Pese a ello, Gómez Tarragona cree que en La Rioja «no tenemos que fustigarnos» porque existe el mecanismo de solidaridad interregional, esa hucha de las pensiones que obliga a analizar la situación en conjunto. Hay comunidades que son deficitarias en pensiones y otras que aportan más de lo que ingresan. En autonomías con menos población el cobro de las pensiones es mayor que las contribuciones, «pero no significa que unas comunidades estemos robando a otras», sostiene. Una de las razonas del desequilibrio es que muchas personas durante su vida laboral se trasladan a regiones en las que hay empleo, pero en la etapa de la vejez regresan a sus pueblos o convierten sus segundas residencias en definitivas y es allí donde cobran la pensión. Por tanto, «hay que centrarse en cómo está el sistema de pensiones público a nivel global, más allá del caso concreto de La Rioja», aboga.

La ratio de dependencia sólo demostraría lo envejecida que está la población en la mayoría de los municipios de La Rioja y esto forma parte de otro debate sobre la capacidad de generar empleo y la situación de los pueblos de este territorio. La Rioja, recuerda, vivió en los años 80 un fenómeno de despoblación en los pueblos diminutos y ahora «se intuye un segundo fenómeno en las cabeceras de comarca» que «debería preocuparnos porque algo más de la mitad de la población está concentrada en Logroño y su área metropolitana».

Precisamente este es, a su juicio, el tema a debatir: «Hasta qué punto somos capaces de prestar los mismos servicios a todos los riojanos con independencia de dónde residan». Esto lleva a otra reflexión que deberían hacerse las administraciones sobre la política de inmigración «porque parece bastante razonable que necesitamos mano de obra que pueda sustituir» a los jubilados actuales.

La sostenibilidad del sistema de pensiones ha llevado a que algunas instituciones insten a la población a complementar su futura pensión con ahorro privado a largo plazo a través de planes de pensiones, aunque para Gómez Tarragona esta vía no sería la óptima porque el Gobierno central limitó las aportaciones anuales de los asalariados a 1.500 euros. La clave, a su entender, pasa por los planes de pensiones de las empresas. En La Rioja, el convenio de la construcción «es el paradigma» porque recoge que se detraiga determinada cantidad en las nóminas para llevarlas a un plan de pensiones de gestión pública, pero de aportación por parte de las empresas.