La Rioja y otras cinco comunidades de la 'España vacía' piden una financiación que no les discrimine

Ceniceros ha asegurado que la reforma de la financiación es el «principal problema» de las comunidades, debido a sus competencias y a su capacidades fiscales y tributarias, y ha destacado que la Constitución recoge que todos los españoles tienen los mismos derechos independientemente de donde vivan y que las diferencias entre los Estatutos «no pueden acarrear privilegios».

Y la combinación de estos dos principios debe conllevar un sistema de financiación «adecuado», ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida con los presidentes de Aragón, Galicia, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Ha recordado además la necesidad de abordar el reto demográfico y ha incidido en que la declaración institucional firmada entre las seis comunidades no va «contra nadie», sino «a favor de los ciudadanos» que representan, por lo que es necesario que trabajen «unidos».

Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han firmado hoy en Zaragoza una declaración institucional sobre la reforma del sistema de financiación que han exigido que sea multilateral, que no incluya privilegios para ninguna autonomía y que se acometa urgentemente.

En la Declaración de Zaragoza, los presidentes de las seis comunidades, representantes de la porción de España más despoblada, ya que en ellas vive el 21 por ciento de la población a pesar de representar el 52 % del territorio, exigen un nuevo modelo de financiación que se base en el respeto a la Constitución y sobre todo en el principio de igualdad de todos los españoles, que garantiza que todos tengan los mismos derechos independientemente del lugar en el que vivan.

Con este documento, los populares Alberto Nuñez Feijóo (Galicia), José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y los socialistas Javier Lambán (Aragón), Javier Fernández (Asturias) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), pretenden transmitir al Gobierno de España la necesidad «perentoria» de definir un nuevo modelo, que debe de ser objeto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En la rueda de prensa posterior a la cumbre, los seis presidentes han coincidido en rechazar cualquier intento de bilateralidad. «Lo que afecta a todos, lo decidiremos ente todos; no puede haber 17 regímenes bilaterales», ha enfatizado por ejemplo García Page.

Sus exigencias pasan por que en la reforma se potencie el principio de suficiencia y se garantice, según ha explicado Lambán, que las necesidades financieras se fijan atendiendo el coste real de los servicios en unas comunidades muy despobladas, envejecidas, con unas condiciones orográficas muy especiales y con una elevada dispersión de la población.

En la declaración se exige que tras la reforma, ninguna autonomía empeore su posición financiera, y también que se respete el principio de lealtad institucional.

En concreto, ha explicado Herrera, que cuando el Gobierno de España tome decisiones «legítimas» que impliquen más gasto a las autonomías, este no se les «endose» a las comunidades.

Los seis presidentes consideran que es necesario mejorar sus recursos para prestar servicios de calidad, y exigen por tanto que se abone a las comunidades el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en 2017, ya que en caso contrario, el Estado dispondría de unos ingresos que corresponden a las autonomías.

La lucha contra la despoblación es otro de los ejes de la declaración y, en este sentido, los presidentes hacen hincapié en la necesidad de una estrategia europea sobre el cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y fondos de la Unión. La política de cohesión, a su juicio, tiene que estar al servicio de los nuevos retos, entre ellos el demográfico, opinan.

Y su dotación no puede basarse solo en un único indicador, el PIB per cápita, sino también en la evolución de la población, en la dispersión, en el envejecimiento, o en la emigración joven o en la caída de la natalidad.

El documento se enviará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros implicados para tratar de forzar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esta reunión, según han coincidido en señalar todos los presidentes, «no va contra nadie», ni siquiera contra los «sucesivos» gobiernos de la nación, sino que pretende servir de ayuda al Ejecutivo central para que ponga en práctica criterios «de justicia y cohesión», ha dicho Lambán.

Para Herrera, en el año en el que se cumplen cuarenta de la promulgación de la Constitución Española, el acto de hoy es un «ejercicio rabioso de autonomismo constitucional», que pretende ser útil a través de una «cooperación en positivo».

García-Page ha insistido que este foro de presidentes, que deberían ser «más frecuentes», tiene «vocación de permanencia» desde el punto de vista de los intereses territoriales, que no es lo mismo que «los egoísmos territoriales».

Según Ceniceros, es necesario decir «alto y claro» que las diferencias entre los diferentes Estatutos de Autonomía no pueden acarrear privilegios a determinados territorios.

Para él, el nuevo modelo debe cumplir dos principios básicos de la Constitución española, como son que «todos los españoles deben tener los mismos derechos con independencia de dónde vivan» y que «las diferencias entre los estatutos no pueden acarrear, en ningún caso, privilegios a los territorios».

Ha añadido que es «prioritario» articular un nuevo sistema de financiación «adecuado a las necesidades reales de gasto» de las comunidades y ha destacado que el desafío demográfico «requiere un compromiso y una respuesta política clara» de todas las instituciones.

Fernández ha insistido en que los asuntos tratados condicionan el futuro de las seis autonomías y pretende conseguir, en el seno del Estado, una «equidad sin privilegios».

Feijóo, por su parte, ha alabado el consenso al que han llegado seis presidentes de dos colores políticos diferentes que quieren participar en el diseño de la España autonómica y que urgen a que la reforma del sistema de financiación se lleve a cabo esta misma legislatura.