Ceniceros apuesta por continuar la mejora laboral de los empleados públicos

El presidente riojano les ha dado la bienvenida a la Administración autonómica, que cuenta ya con cerca de 11.000 empleados públicos y está «dimensionada a la realidad» de la Comunidad Autónoma de La Rioja y a las materias sobre las que tiene competencia.

Como ha explicado, la Oferta de Empleo Público de 2016 «responde al compromiso del Gobierno de La Rioja por seguir reduciendo la tasa de interinidad, consolidar puestos de trabajo estables y facilitar la integración de las personas con discapacidad en el sector público».

Una oferta, a la que se suman las de 2017 y 2018, actualmente en negociaciones, que suponen «una apuesta por una función pública moderna, bien preparada y con profesionales comprometidos con el servicio a los ciudadanos», ha afirmado.

En este sentido, se ha referido al acuerdo firmado recientemente con UGT y CCOO en materia de recuperación de los derechos suspendidos durante la crisis, que incluye la reducción de la jornada laboral de forma progresiva hasta alcanzar las 35 horas, la equiparación del permiso por paternidad, el 100 % de complemento por incapacidad y tasas de reposición del 100 %, entre otros compromisos.

Además, Ceniceros ha asegurado que el Gobierno de La Rioja sigue avanzando en cuestiones como la reducción de la temporalidad, con una oferta de empleo para 2018 que incluye 177 plazas de Administración General y Sanidad, a las que hay que sumar más de 200 plazas en Educación; y la aprobación de la nueva Ley de Función Pública.

Por último, les ha animado a trabajar con «ilusión y entrega» y con «permanente espíritu de mejora».

«Además de protagonizar la administración y gestión de los recursos que son de todos, debéis ser garantes de que se respeta en todo momento el interés general», ha afirmado el presidente del Ejecutivo riojano, que les ha recordado que su trabajo es fundamental para «seguir prestando servicios públicos con calidad pero también con cercanía hacia los ciudadanos».

En este acto, en el que han participado el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, y la directora general de Función Pública, Begoña Lema, los empleados públicos han jurado o prometido acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.