Dos cazadores, en una imagen de archivo, en el término municipal de Nieva de Cameros Justo Rodríguez

La caza reporta 430.000 euros a las arcas públicas por tasas y permisos pese a la caída de licencias

La Rioja es la región con mayor porcentaje de superficie cinegética: esta actividad se puede practicar en el 95% de su territorio

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 31 de mayo 2024, 07:21

Las cifras que rodean a la caza no son baladí. No es fácil hace una radiografía del sector, al menos económica. La actividad genera un negocio difícil de contabilizar y con muchas derivadas que tienen su impacto en la hostelería, armerías, en los servicios veterinarios ... e incluso en las dos cárnicas de caza que hay en La Rioja, una en Arenzana y otra en Briones. Un suma y sigue el de un deporte cuya Federación es, tras la de fútbol, la más numerosa en La Rioja.

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En España, según el Informe de Evaluación del impacto económico de la caza en España, realizado por la consultora independiente Deloitte, la caza ha venido generando 6.475 millones de euros al año desde 2018, crea 187.000 puestos de trabajo y aporta 614 millones de euros a las arcas públicas.

En La Rioja, salvo las cifras de la Administración, del resto no hay apenas referencias, lo único claro es que en la temporada 2022-2023 la Comunidad ingresó 331.630 euros en impuestos. En concreto, según explica Pedro Pablo Matute, jefe de servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca de la dirección General de Medio Natural, 186.307 euros por licencias, 132.782,47 por matrículas de cotos, es decir, por la tasa anual para la renovación del coto, y 12.540,70 por otras cargas.

A los impuestos que gravan la actividad cinegética, la Comunidad suma otros ingresos por la emisión de permisos que alcanzan los 98.000 euros. Los más cuantiosos son los que reportan las batidas en la reserva regional de caza (57.643,62 euros) de la que es propietaria la Administración. Ahora bien, prácticamente todo lo que ingresa lo devuelve vía subvenciones, como ayudas de vigilancia de caza y mejora cinegética. A los ayuntamientos con terrenos en la reserva y en cotos sociales –es decir, aquellos constituidos por la Comunidad para facilitar el ejercicio de la caza a todos los cazadores que tengan licencia– esta actividad les supone unos ingresos que rondan los 634.000 euros.

En Ezcaray, por ejemplo, integrado en la Reserva Regional, según datos facilitados por su alcalde, Diego Bengoa, el Ayuntamiento ingresó por caza el pasado año 80.000 euros, aunque 50.000 los «regaló» a los cazadores locales.

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Estos serían los únicos datos ciertos, los de la Administración, el resto en torno a esta actividad es, si no opaco, sí poco transparente quizá porque no se ha puesto demasiado el foco en la economía de esta actividad, algo así como que nadie hasta ahora le ha puesto el cascabel al gato.

Los 188 cotos que hay en La Rioja, ya sean privados, de ayuntamientos, comerciales o deportivos, declararon el año pasado unos ingresos de 890.000 euros. Se trata de una cantidad global, aunque es difícil saber cuánto paga el paisano de un pueblo al titular de un coto de caza al tratarse de un negocio privado.

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Todas estas cifras serían sólo lo que se abona por salir a cazar, luego hay que sumar perros, seguros, armas, desplazamientos y hostelería, entre otros conceptos. Según las Páginas de Información Ambiental, una publicación periódica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, sólo las batidas programadas en la Reserva tienen un impacto en la hostelería de medio millón de euros.

El negocio es, sin duda, abultado, así lo reconocen desde la Federación de Caza de La Rioja, donde no creen descabellado hablar de millones de euros, aunque nada que ver con lo que ocurre en Extremadura o en Andalucía. En cualquier caso, La Rioja ostenta el récord de ser la comunidad con más superficie cinegética. Prácticamente en todo el territorio está permitida la caza, sólo en un 5% de la superficie total no se puede practicar esta actividad. Se podría decir que casi toda La Rioja es un coto de caza a disposición de cada vez menos cazadores.

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En concreto, de las 503.388 hectáreas que ocupa toda la comunidad, en 479.712 es posible practicarla, bien sea en los cotos comerciales, en los privados, los deportivos, los municipales y en la Reserva Regional de Caza. Sólo esta última ocupa una superficie de 106.712 hectáreas.

Siempre ha sido así, aunque con ligeros vaivenes. Una de las caídas algo más acusadas se produjo en la temporada 2020-2021 cuando desapareció un coto municipal, entonces se redujo algo el territorio en el que estaba permitida la caza, pero nunca habría estado por debajo del 90%. Incluso en el término municipal de Logroño pueden salir los cazadores, ahora bien, sólo en el 20% de la capital y en dos cotos concretos, en uno privado localizado en Ygay y otro deportivo situado El Cortijo.

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Con todo, la superficie cinegética aguanta pese a la caída de licencias de caza. En 2023 se emitieron 9.437, la cifra más baja de los últimos 25 años, mientras que quince años atrás superaban las 13.000. En España ha pasado algo similar. El anuario de estadística forestal del Ministerio de Transición Ecológica refleja una caída del 9% en los permisos, sin embargo, el terreno en el que los cazadores pueden disfrutar de su actividad es el 85% del total.

Al contrario de lo que ocurre con el dinero que mueve la caza, que se mantiene en una zona de incertidumbre, lo que sí está perfectamente contabilizado es el número de piezas que se cazan cada temporada en la región y es el conejo el animal que más acaba en manos del cazador.

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Un gremio a la gresca, pendiente de un proceso electoral

No corren buenos tiempos para la Federación Riojana de Caza. Inmersa en pleno proceso electoral para renovar la junta directiva, esta misma semana anunciaba que ha anulado las elecciones en marcha desde primeros de mes y ha delegado esta función en la dirección general de Deporte.

La decisión es el colofón a meses de tensión entre la junta y varias de las sociedades integradas en una Federación que gestiona un presupuesto anual de 300.000 euros y unos gastos que rondan los 280.000.

La tensión se materializó en varias denuncias y acusaciones cruzadas. En concreto, se presentó una denuncia ante el tribunal nacional administrativo del Deporte por discriminación por razón de sexo, denuncia que fue inadmitida el 1 de febrero pasado. También acudieron al Tribunal del Deporte de La Rioja por discriminación por razón de sexo y de nuevo se archivó. Se recurrió ante el Tribunal del Deporte de La Rioja y no se admitió la aprobación del nombramiento del secretario general. Aquella inadmisión se elevó al Juzgado Contencioso que respondió en el mismo sentido, y ahora está pendiente de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia.

Por último, se presentó una denuncia contra el presidente de la Federación, Eduardo Cornejo, y el secretario general por malversación de caudales públicos y falsedad documental en el nombramiento del secretario general, un asunto aún pendiente en los juzgados.

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