El fiscal considera a Abad «refractario a demoler» pero rebaja a 12 años de inhabilitación su solicitud de pena

El juicio ha concluido sin que Abad haya querido aportar su última palabra y con la rebaja de solicitud de pena por parte de la Fiscalía, que en principio pedía 13 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y un año y 4 meses por un delito de omisión en la persecución del delito y finalmente ha dejado la primera de ellas en 11 años, para sumar un total de 12 años y cuatro meses de inhabilitación. Mientras, la defensa ha solicitado la libre absolución de Abad y, en el caso de que sea condenado, que se tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el caso lleva parado cerca de tres años, y el de ignorancia de la situación ilegal (artículo 14.3)

El fiscal, en su alegato final, ha mantenido que el exalcalde «no ha querido reestablecer la legalidad urbanística, que supone la desaparición de las construcciones». «No se ha demolido nada, solo un lumbrero, que es la chimenea de una barbacoa», ha verbalizado. También ha argumentado que, a pesar de que Abad alegue que se reforzó la plantilla municipal para luchar contra los desmanes urbanísticos en la localidad, solo se hizo «para tramitar expedientes, no para hacerlos cumplir». «Las sanciones se producen porque es un ingreso para el Ayuntamiento», ha esgrimido. «El alcalde ha tenido en todo momento una actitud refractaria a las demoliciones. No le interesa cumplir la ley, interesa que se consolide la construcción ilegal», ha reseñado el acusador público.

Por su parte, la defensa de Abad ha querido, en primer lugar, discernir qué se juzga, recordando que las 'casillas' ilegales son una realidad en Arnedo «desde hace más de 40 años» y que el caso se ciñe a 38 expedientes «incluidos en un informe que el alcalde Javier García solicitó a una funcionaria municipal sobre procedimientos sin resolución». Y en este sentido ha desgranado que de esos expedientes «solo ocho eran en suelo protegido, once habían prescrito...». Y que entre ellos había «la apertura de una ventana, el cambio de una puerta sin licencia, dos alicatados de cocinas, el arreglo de una piscina, la obra de una bodega...». «No sé cómo un Ayuntamiento puede ejecutar subsidiariamente esas obras», ha bromeado.

Para la letrada, no se puede inferir omisión en las actuaciones de Abad porque «creó un departamento de Urbanismo, contrató a un tecnico y luego a otro, creó la figura del inspector de obra y luego de vigilante de obra... Si no tiene interés en sacar a la luz esos problemas urbanísticos, ¿por qué lo hace?», se ha llegado a cuestionar.

Para la defensa «no ha existido conducta pasiva del señor Abad» aunque «se podría compartir que ha sido más o menos eficaz», pero nunca se le puede acusar de «prevaricación» porque no se han dado resoluciones arbitrarias o absurdas. Y ha recordado que Abad abrió numerosos expedientes y que estos conllevaron la creación de plataformas en su contra, por lo que considera «injusta» la acusación.

Antes de los alegatos finales, la sesión ha estado marcada por la declaración de varios empleados públicos del Ayuntamiento de la localidad y por agentes del Seprona. La primera en testificar ha sido una funcionaria de Urbanismo que entre 2005 y 2018 vio cómo se desarrollaba el problema y que fue quien envió el expediente que ha dado pie a este caso, aunque ha incidido en que la situación venía de antes y de que «desde 1988 habia un descontrol en la vega del Cidacos». «Era una zona protegida como huertas del Cidacos, por su alto valor. Empezaron a hacer casetitas para aperos y luego se convertían en zonas de recreo. Debido al dinero negro que hay en Arnedo, muchas se ampliaron y se acabaron convirtiendo en zonas residenciales», ha incidido. «Son chalés como los de la carretera de Soria», ha sentenciado otra testigo, también trabajadora municipal, minutos después. «Al mismo tiempo, en zonas como el Camino de Cienta, se abrían expedientes disciplinarios contra construcciones ilegales y se desarrollaba el saneamiento de agua. No lo entendía», ha dicho.

Ha reconocido que los expedientes se tramitaban y que las obras se paralizaban, pero «no se ordenaba la demolición» aunque la intención del Consistorio era hacerlo. «Nadie se atrevía a llevar adelante una ejecución subsidiaria con acceso a vivienda», ha añadido. Además, ha defendido la existencia de las «multas coercitivas» que se mantenían con el fin de parar las obras, objetivo que no se logró.

A preguntas de la defensa de José Antonio Abad, la funcionaria ha reconocido que durante su mandato «se hizo una labor importante para sacar a la luz esas casetas ilegales» y que se mantuvo una constante «preocupación por la contaminación del agua de los pozos» a causa de las foasas sépticas.

La situación de esa zona de Arnedo, que estaba inscrito en un Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural (PEPMAN) que «nunca se desarrolló», fue otro de los impedimentos para «ordenar el área y limitar la expansión». «[Abad] lo intentó, pero es muy difícil en un pueblo sacar esto adelante. En el momento que iniciabas un expediente se creaba una plataforma en contra del Ayuntamiento y hasta nos pintaban los coches», ha recordado.

No ha sido esta trabajadora pública (que al comienzo de la instrucción llegó a aparecer como investigada) la única que este viernes ha hablado de dinero. El exjefe de la Policía Local de la ciudad ha reafirmado la declaración que hizo al comienzo del caso: «Casi todos pagan para que no les derribe la obra». «Era de conocimiento público que, a la hora de valorar las obras, se incluía lo que iba a costar la sanción», ha añadido.

Otra de las trabajadoras del Consistorio en materias urbanísticas también ha hecho hincapié en que la ribera del Cidacos estaba «antropizada» y que a pesar de los esfuerzos por ordenar la situación «los planes especiales nunca se redactaron» por lo que el PEPMAN no fue una herramienta útil para erradicar las construcciones. Además, como ya ocurrió en la primera sesión del juicio, esta funcionaria ha recordado una carta remitida a la Fiscalía en 1997, bajo el mandato de José María León Quiñones, en la que el Ministerio Público determinó que las construcciones en la zona debían combatirse con «sanciones administrativas» y no investigarse como «ilícito penal».

Después de los trabajadores municipales, ha llegado el turno de los agentes del Seprona encargados e las pesquisas. Y el capitán de la Unidad Central operativa ha sido contundente en sus apreciaciones: «Los procedimientos sancionadores comenzaban pero nunca finalizaron ni se restauró la legalidad urbanística». Y también ha señalado que «durante años no se llevaron a cabo expedientes sancionadores y fue en el 2015-2016 cuando se inician la mayor parte de estos procesos».

En ese punto, otro agente del Seprona ha coincidido con su superior en que «no hubo derribos» de 'casillas' ilegales, en un momento en el que «no hacer caso al mandato de paralización de las obras era la común». Y ha explicado que «cuando cambia la Alcaldía comienzan a activarse bastante más los procedimientos sancionadores» ya que con Abad, de la casi cuarentena de casos estudiados «solo se tramitaron siete expedientes».