Cáritas Rioja alerta de que el Ingreso Mínimo Vital no ayuda a reducir la pobreza en la región

De todos los encuestados, según ha detallado este martes Caridad Garijo, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes en Cáritas La Rioja, el 36% no solicitó la ayuda bien por desconocimiento o bien por no cumplir alguno de los criterios restrictivos: ser menor de 25 años, mayor de 65, estar en situación irregular en España, trabajar a jornada parcial o estar en ERTE. Y solo les ha sido concedida al 24,52%, es decir, a uno de cada cuatro.

Pero ni siquiera en el caso de los que sí la han percibido, la ayuda, de un mínimo de 469 euros para un adulto solo a un máximo de 1.033 para unidades mayores de convivencia, ha sido la esperada. De media, han percibido 237 euros menos de lo previsto, aunque en algunos casos el desfase entre lo estipulado y lo que finalmente ha llegado a los bolsillos de los usuarios es de 400 euros. Las justificaciones dadas a los beneficiarios para no percibir el total, según ha detallado Garijo, han tenido que ver con la percepción de otras ayudas, por ejemplo para el alquiler, aunque en otros casos «no se sabe ni por qué».

Además, en el momento de efectuar la encuesta, el 36% de los solicitantes seguía esperando una respuesta que de media tarda en llegar 217,25 días. Teniendo en cuenta este tiempo, desde Cáritas entienden que tampoco se ha cumplido el objeto de acelerar la respuesta de la administración para que la ayuda llegue cuanto antes. «Estos retrasos en las resoluciones están impidiendo que se logre el objetivo de atender las situaciones de necesidad de las familias vulnerables», ha señalado Garijo.

En cuanto a las solicitudes resueltas, al 25% de los encuestados les ha sido denegado y a uno de cada cinco les ha sido resuelta como inadmitida la mayoría de las veces porque en el 2019 superaron el nivel de renta o el patrimonio, por ejemplo, por tener un terreno en su pueblo no cultivado.

Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta, desde Cáritas creen necesario acometer varios cambios, como incluir a los jóvenes de entre 18 y 22 años, a las personas que estén en situación irregular, simplificar la tramitación, reducir los tiempos a tres meses e incorporar la asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas.