Cáritas La Rioja y la FER acuerdan «visitas» a empresas para encontrar empleo

En primer lugar, se realizará un diagnóstico de las necesidades de contratación que tiene el sector a través de las empresas, que cumplimentarán una encuesta que facilite su participación, y que servirá para orientar los perfiles existentes en Cáritas con las vacantes de empleo.

Más tarde, se llevarán a cabo esas visitas a determinadas empresas que puedan ser interesantes para Cáritas La Rioja, que identificarán aquellos puestos de trabajo donde pudiera haber un empleo y aconsejarán en los perfiles demandados.

En una tercera línea de trabajo, se concreta un proceso de reuniones que se mantendrán con las asociaciones sectoriales de la FER para difundir este proyecto de empleo, ya que según García-Calzada, «las asociaciones son las organizaciones empresariales que mejor conocen el estado laboral de su sector y las necesidades que precisan».

El presidente de los empresarios de La Rioja ha indicado que espera que las 70 asociaciones y más de 3.000 empresas instaladas en la comunidad contribuyan con Cáritas en un proyecto «tan interesante».

«Confío que muchas personas que han sufrido la pérdida de empleo a causa del Covid-19 puedan volver a trabajar e incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo«, ha añadido.

Beltrán ha explicado que desde la Fundación Cáritas Chavicar, recurso específico de la organización en materia sociolaboral, «quieren evitar a toda costa que un colectivo de la población caiga en la exclusión social».

Por ello, ha detallado que la entidad ha creado un nuevo servicio de microcréditos con préstamos «a interés cero» y un itinerario de ayuda en la mejora de la economía de los participantes, a través de un equipo de voluntarios de Cáritas Chavicar.

«Este proyecto pretende aliviar la situación económica de las personas con necesidades, a las que les ofrecemos un acompañamiento técnico y formativo para que se puedan incorporar al mercado laboral», ha explicado.

Ha expuesto que la cantidad del préstamo rondaría entre 1.200 y 1.800 euros; y es una trabajadora social de la entidad quien hace una valoración de la situación de la persona y autoriza o no el préstamo al beneficiario.

Se acuerda, además, un plazo de devolución sin intereses que queda reflejado en un documento que firman ambas partes.