Capellán anuncia fondos propios suficientes para atender «todas la solicitudes» de cosecha en verde de La Rioja

Capellán calificó de «escasos» los 21 millones de euros anunciados para todo el país por el Ministerio de Agricultura para esta medida de cosecha en verde, por lo que dio por hecho que el Gobierno riojano tendrá que tirar de sus propios presupuestos con la idea, según sus palabras, de cubrir la demanda del conjunto de viticultores. Asimismo, el mandatario riojano se comprometió igualmente a mantener los anunciados 17 millones para destilación de vinos, que ya están presupuestados para el ejercicio 2024, una medida que defendió, no sólo por el alivio que supone para el almacenamiento excesivo de las bodegas, sino porque exige un «compromiso de compra de uvas a viticultores a precios de rentabilidad, como ya sucedió la campaña pasada».

El portavoz socialista previamente había propuesto en su pregunta oral al presidente la creación de «comisión de estudio» parlamentaria, ante la que definió como «una crisis estructural del sector del vino de Rioja». Javier García acusó a gobiernos anteriores del PP de haber provocado esta crisis actual por «una mala gestión durante mucho años, con el incremento de plantaciones y producción». «De aquel 'papel', con el reparto indiscriminado de plantaciones y aumentos de producción, tenemos hoy este papelón».

El diputado del PSOE insistió en que «es necesario un acuerdo de región para definir una denominación de origen atractiva y rentable porque, al menos nosotros, entre una DOCa grande y una gran denominación, nos quedamos con esta última».

Capellán replicó a García que «llegan muy tarde» y recordó que cuando la expresidenta Andreu le legó con el traspaso de poderes un decálogo de cuestiones estratégicas para la región en el que «no había ni una palabra sobre el sector del vino».

Lacalzada (PSOE) reprocha a la consejera Belinda León haber roto un convenio con Sepes que favorecía a las empresas y que avalaban los servicios jurídicos del Gobierno

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Ader) ofrecerá suelo industrial en los polígonos de Calahorra y Alfaro incluso a menos de 35 euros el metro, según ha anunciado esta mañana en el Parlamento regional la consejera de Economía, Belinda León: «Claro que vamos a poder vender a ese precio, incluso mejorarlo porque tenemos un plan para pequeñas empresas, que son las que demandan suelo en La Rioja». Así contestó la consejera, y presidenta de la Ader, a la interpelación del diputado del PSOE, José Ángel Lacalzada, sobre la política de la Agencia de Desarrollo.

El tema tiene sus antecedentes ya que Lacalzada presidía la Ader cuando firmó un convenio con la Sociedad de Equipamientos Industriales (Sepes), dentro del marco de desarrollo de la Ciudad del Envase, para adquirir casi un millón de euros de metros cuadrados en los polígonos de El Recuenco y La Senda, en contra de un informe interno de la entidad de promoción económica que consideraba la operación «nula de pleno derecho». Pese a que ésta contaba, sin embargo, con el visto bueno de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional presidido entonces por Concha Andreu, una auditoría externa encargada por Capellán al asumir la gestión del Ejecutivo coincidió con las apreciaciones del funcionario de Ader sobre la posible nulidad del acuerdo con Sepes. De hecho, el PP ha promovido, y aprobado, una comisión de investigación sobre el tema que examinará con lupa la gestión del propio Lacalzada.

En el pleno de esta mañana, el diputado socialista ha insistido en defender el convenio con Sepes, quien iba a aportar 20 millones de los 60 que debía pagar el Gobierno de La Rioja por los terrenos, de forma que se iba a poder ofertar suelo industrial a las empresas a un precio de 35 euros el metro cuadrado: «Han tirado a la basura 20,5 millones de Sepes [al rescindir el convenio] en una operación avalada por nuestros servicios jurídicos». «Es cierto -añadió- que había un informe negativo de la Ader, pero también lo hubo en contra de que actuáramos para que una empresa riojana no se fuera a Mendavia y lo obviamos porque igualmente no respaldaron los servicios jurídicos del Gobierno para evitar la fuga empresarial».

En este sentido, Lacalzada preguntó a la consejera de Economía si tenía que haber escuchado también entonces al informe interno de la Ader y «haber permitido perder 250 puestos de trabajo que se hubiera ido a Mendavia». Belinda León insistió en que la operación con Sepes era «un timo», entre otras cosas porque obligaba al Gobierno a comprar un millón de metros de suelo que no necesita y aseguró que, mientras Sepes vendía a la Ader a 60 euros el metro cuadrado, «ahora la misma Sepes está vendiendo a las empresas a 50 euros». A preguntas del propio diputado socialista, León insistió en que, con las ayudas de la Ader, las empresas podrán comprar suelo a esos 35 euros o menos y «todo hecho de forma legal y no contra derecho».

Asimismo, José Ángel Lacalzada, acusó al Gobierno de Capellán de, en ocho meses, cosechar «los peores indicadores de España» en cuanto a paro registrado, pérdida de sociedades mercantiles, ventas de comercio minorista o de producción industrial.