Apenas han pasado nueve meses desde que las organizaciones agrarias se vieron sorprendidas por la movilización, casi espontánea, de los chalecos amarillos. Fue un grito de supervivencia sin precedentes, que incluso llegó a poner contra las cuerdas a los propios sindicatos, aunque finalmente acabó diluyéndose casi como un azucarillo. En esta ocasión, los representantes de las tres organizaciones agrarias riojanas, junto con la Federación de Cooperativas de La Rioja, han decidido tomar la iniciativa y han anunciado esta mañana una más que probable gran movilización, pero que, en todo caso, tendría lugar tras la vendimia: «Estamos consensuando actos de denuncia próximos para informar de lo que cobran los agricultores y lo que pagan los consumidores por nuestros productos y estamos también estudiando una gran movilización tras la vendimia por la inacción de la clase política dada la situación crítica de todos los sectores agrarios», avanzó Roberto Ruiz Clavijo, coordinador general de la UAGR.
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Lo que dejaron claro es que, al menos de momento, los dirigentes agrarios no prevén paralizar ni obstaculizar a las bodegas durante la recogida de la uva ni paralizar la recogida, pese a denunciar que ya se está recogiendo la uva sin precios conocidos e insistir en las pérdidas netas generalizadas que soportaron los viticultores en la campaña pasada entre lo pagaron por producir y lo que cobraron por el fruto de su trabajo.
Las iras de los representantes de los agricultores van dirigidas ante lo que considera «incumplimientos fragantes» de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, una normativa nacional que supuestamente garantiza que no se pueden comprar ni vender producciones agrarias a pérdidas, pero cuya inspección y propuestas de sanción es también responsabilidad del Ejecutivo riojano, con lo que el presidente Capellán y la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, podrían encontrarse en las próximas semanas, o meses, con las primeras movilizaciones, incluso tractoradas del campo riojano.
Eduardo Pérez Hoces, presidente de ARAG-Asaja, denunció que «estamos hablando de nuestro futuro y la situación es un desastre, pero que a principios de año, comenzando con el cereal, con una campaña pésima con pérdidas del hasta el 90% de la cosecha y donde seguimos en una campaña sin precios; siguiendo por la fruta, donde el fruticultor se ve obligado a vender a cualquier precio productos perecederos cuando luego el consumidor paga un 300% más que en origen y, por supuesto, en la viticultura». En este sentido, Pérez Hoces recordó que «el reciente estudio de costes de producción presentado por la Consejería de Agricultura ha demostrado que, de media, cada viticultor ha tenido que poner de su bolsillo un 11% más de lo que cobró por la uva el año pasado, lo que pone en evidencia el incumplimiento generalizado de la Ley de la Cadena Agroalimentaria». «¿Por qué a los agricultores se nos obliga a cumplir la ley, y, si no es así, se nos sanciona, y por qué a las bodegas, no?», se preguntó.
Contratos de uva
Néstor Alcolea, portavoz de UPA, anunció que los tres sindicatos y cooperativas llevarán al Consejo Regulador una propuesta que obligue a las bodegas y compradores de uva a registrar de forma previa a la vendimia, al menos 15 días antes, los contratos: «Un año más ya ha comenzado la vendimia y no hay precio alguno, con lo que las bodegas esperan de forma totalmente consciente a que el viticultor llegue a la báscula para que firme allí mismo el contrato porque no le queda otro remedio, lo que es una práctica absolutamente abusiva».
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Alcolea denunció que, «aunque la pérdida media por viticultor en la campaña pasada fue de 10 céntimos por kilo de uva, sabemos que hay algunos que han perdido casi 30 céntimos y otros que ni siquiera han cobrado aún un céntimo». El portavoz de UPA alertó de que «es necesaria voluntad política para sancionar a las bodegas por el incumplimiento sistemático de la Ley de la Cadena, en lugar de escudarse en que no hay denuncias de los viticultores, puesto que somos el eslabón más débil, a quien se pone contra la espada y la pared cuando entrega sus uvas». «Las administraciones –añadió– tienen que hacer cumplir la ley, de la misma forma que la Guardia Civil sanciona las infracciones de Tráfico sin esperar a que otros conductores les avisen».
Flujos migratorios
Por otra parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, presidió ayer la primera reunión de la Comisión de Flujos Migratorios que, con la participación de empresarios, sindicatos y entidades sociales, coordina la atención a temporeros. En la reunión se valoró positivamente el nuevo convenio agropecuario ya en vigor y se advirtió un año más de la posible escasez de mano de obra para la vendimia.
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