El cambio de la figura del senador autonómico podría ser «inconstitucional», según un experto

Tajadura ha comparecido hoy en la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen para la Administración Pública, para responder a las cuestiones planteadas por los diputados regionales sobre esta proposición de ley de Ciudadanos (Cs), cuya toma en consideración se aprobó el 1 de junio con los votos a favor de la oposición (PSOE, Podemos y Cs) y en contra del PP.

Este profesor universitario ha subrayado que, si esta proposición llega a ley, tendrá «un problema de encaje constitucional y no va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional (TC)».

El Senado español está formado por 266 senadores (216 provinciales y 50 autonómicos), que se eligen por un doble procedimiento: mediante votación de los ciudadanos, a razón de cuatro por cada provincia; y por designación de cada Parlamento autonómico (uno fijo por comunidad autónoma más otro por cada millón de habitantes).

Este experto ha explicado que los miembros de las Cortes Generales no están sujetos al mandato imperativo, que es mecanismo que «sí funciona en derecho privado, ya que el representado le dice a su representante lo que hay que hacer y si no cumple esas instrucciones lo cesa».

Sin embargo, ha precisado, en derecho público ese mandato imperativo no se produce, ya que no existe «ninguna posibilidad de revocación o cese en la representación política, que es personal».

Por lo tanto, la única forma de regular el cese o revocación de los senadores autonómicos es realizar una reforma no agravada de la Constitución, un trámite «muy sencillo», en el que no hay que disolver las Cortes y que podría completarse en quince días, «para que los senadores autonómicos sí estén sujetos al mandato imperativo».

Ha constatado que, en la actualidad, en España «no se dan las condiciones políticas» para realizar una «reforma amplia de la Constitución».

«No es tiempo de reformas, las actuales fuerzas políticas son incapaces de llegar a acuerdos, que es algo que hay que lamentar», ha opinado.

Tajadura ha indicado que establecer entre las obligaciones del senador autonómico «comparecer» ante la Cámara que lo ha designado para «rendir cuentas» no tendría «vicio de inconstitucionalidad», pero ha recalcado que legislar este asunto es «un brindis al sol» sin establecer una sanción si existen unos incumplimientos en sus funciones.

La obligación de comparecer «dependerá de la buena voluntad del senador», no tendría efectos jurídicos porque no va a ser cesado, pero ha matizado que sí generaría «cierto desprestigio político de cara a la opinión pública».

A su juicio, esta proposición de ley podría «salvarse» (de su inconstitucionalidad por el TC si se aprueba) «con una depuración, si se suprime todo lo relativo a la revocación o cese» del senador autonómico.

En relación a la posibilidad de suprimir el Senado, ha recalcado que «no se perdería nada y no supondría ningún perjuicio para el funcionamiento de la democracia constitucional, porque también existen otros órganos, como la Conferencia de Presidentes o las conferencias sectoriales.

En su intervención, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado que esta proposición de ley se aprobase para «legislar contra una persona y contra un partido y hacer una suerte de reprobación» por parte de un grupo (Ciudadanos) que «pretendía lavar su imagen» y vender «una supuesta regeneración».

Garrido ha recordado que, cuando esta iniciativa se admitió a trámite, ya existían informes jurídicos que avalaban su inconstitucionalidad.

Por su parte, el diputado socialista Ricardo Velasco ha preguntado al experto si se puede salvar esta iniciativa para pasar estos filtros de inconstitucionalidad o son insalvables las cuestiones que se plantean, y ha comparado a los portavoces del PP y Cs con «el dúo Pimpinela».

El diputado de Podemos La Rioja Germán Cantabrana ha reflexionado sobre la disolución del Senado, «si siempre va a ser un cámara de segunda lectura o para ralentizar los procesos», que se ha convertido «en un cementerio de elefantes, donde se manda a los políticos críticos con la dirección y que dan guerra o a los viejos que están a punto de jubilarse, así la gente piensa que no sirve para nada».

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, Diego Ubis ha precisado que el único objetivo es que el senador autonómica «rinda cuentas» del trabajo que realiza en la Cámara Alta y si comete un «delito grave» se le pueda cesar, para que no sea aforado y evitar que «desprestigie a este Parlamento y a la región».