La Cámara certifica «el estancamiento» de la economía riojana y estima que «la mitad de las empresas está en pérdidas»

García-Calzada, que realizó estas declaraciones durante la presentación de la Encuesta de Coyuntura Económica del tercer trimestre, reclamó a las administraciones «poner a las empresas en el centro de la política económica», porque «las subidas» de la presión fiscal y de las cuotas a la Seguridad Social «suponen pérdida de competitividad y un aumento cada vez mayor de los costes añadidos». Así que, aunque la actividad mejore –como ha ocurrido de forma general en el tercer trimestre gracias «al tirón» del turismo, seguido de la industria–, las cuentas de resultados «no lo hacen» y, según sus estimaciones, «el 50% de las empresas está en pérdidas». Es más. Como la cifra de concursos de acreedores (antiguas quiebras) «va en aumento», la FER ya ha habilitado «una asesoría de preconcursos».

En ese sentido, el líder patronal transmitió el rechazo de los empresarios a «poner impuestos a los bancos y a las eléctricas», ya que «los grandes afectados van a ser los consumidores y los clientes», dado que sobre ellos se repercutirán estas subidas impositivas lo que se percibirá en «la concesión de crédito y en las tarifas eléctricas». A su juicio, la subidas de impuestos son «un error» que «castigan al tejido empresarial». Lo que habría que hacer es «deflactar las tarifas del IRPF», reducir el gasto público no productivo y «luchar contra la competencia desleal» que provoca «una economía sumergida del 24%».

Además, García-Calzada incidió en que la economía riojana «ya se ha estancado»:en el tercer trimestre creció solo «el 0,02%». Y la nacional va a la zaga, ya que el PIB únicamente progresó «el 0,2%». A lo que se suma una inflación subyacente, «la estructural», que está lejos de «desinflarse». En resumen, un panorama «desolador» que amenaza con «una destrucción de empleo en 2023».

Por último, y en materia de financiación, recordó que las condiciones para acceder a préstamos bancarios «se han endurecido», pidió «mayor flexibilidad al ICO» y denunció que los fondos europeos no están llegando a la economía real debido a la «farragosa burocracia» de su gestión. Además, instó a las administraciones a «normalizar» las citas presenciales para «mejorar la atención empresarial» y a apoyar la competitividad de las empresas, redoblando esfuerzos en materia de formación, ya que «faltan trabajadores cualificados en todos los sectores».