El bloqueo del CGPJ frena la renovación de los altos cargos de la judicatura riojana

La última propuesta para desencallar la renovación la hizo hace unos días el presidente del órgano del jueces, Vicente Guillarte. Su idea era restar potestad a la institución que dirige, es decir, que no sean ellos los que nombren a los altos cargos judiciales: presidentes de tribunales superiores de justicia, de audiencias provinciales y de salas de TSJ, para que tener más o menos cupo de jueces conservadores y progresistas no tenga tanto atractivo político. De momento, no deja de ser una idea porque lo cierto es que en este lustro son muchos los puestos que continúan en funciones.

La interinidad afecta hasta la cabeza del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que en el verano del pasado año cumplió su primer mandato –son de cinco años– al frente de la institución riojana. Javier Marca tomó posesión de su puesto como el más alto cargo de la judicatura riojana el 13 julio de 2017 en sustitución de Ignacio Espinosa y seis años después continúa al frente de la institución aunque desde hace más de un año lo hace en funciones.

El caso de la Audiencia Provincial es, tal vez, el más sangrante de todos los que afectan a la Justicia regional. Este órgano estuvo presidido por Alfonso Santisteban desde mediados de 2008 hasta que se jubiló en agosto de 2020. Desde esa fecha continúa vacante aunque con diferentes inquilinos. En un primer momento, la magistrada Carmen Araujo ocupó el cargo, lógicamente en funciones porque para entonces la parálisis política ya había hecho encallar la renovación del CGPJ, y a su fallecimiento en febrero de 2021, Ricardo Moreno tomó las riendas de la Audiencia. Más de dos años y medio después continúa de forma interina. No obstante, es el único magistrado que opta a ocupar la presidencia de este órgano judicial una vez que se alcance un acuerdo sobre los miembros que compondrán el futuro CGPJ.

En el aire está el puesto de magistrado autonómico, vacante desde la jubilación de su titular Carmen Ortiz Lallana. Pero además, el impacto de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces también alcanza a las salas de lo Social y Contencioso Administrativo del TSJR. En el primero de los casos, la presidencia está en funciones desde febrero de 2021, cuando caducó el periodo de cinco años de mandato de la magistrada María José Muñoz Hurtado, al frente de la sala desde 2016 cuando sustituyó a Miguel Azagra.

La otra sala, la de lo Contencioso, también sufre las consecuencias del estancamiento. Miguel Escanilla, el magistrado que preside este órgano ejerce en funciones desde abril de 2021.

Aunque de forma tangencial, también afecta a los magistrados Ignacio Espinosa y a José Carlos Orga. El primero presidió el TSJR de 2002 a 2017 y ahora es magistrado de lo Social. Desde 2018, año en el que debería haberse renovado el CGPJ, figura entre los aspirantes con más opciones, propuestos por la asociación progresista Jueces para la Democracia. En octubre del pasado año, cuando parecía que PP y PSOE habían alcanzado un acuerdo que finalmente no prosperó, su nombre figuraba en todas las quinielas. También José Carlos Orga, actual magistrado de la Audiencia Provincial de La Rioja, optaba a una de las vocalías del CGPJ, aunque en este caso por la asociación conservadora.