Un año bajo la sospecha de que la reforma laboral 'trampea' los datos

Se trata de una modalidad de contrato indefinido por la que los trabajadores desempeñan sus tareas de forma intermitente y en periodos cortos de tiempo para una empresa. Antes del cambio de legislación, el uso de tipo de contratación era residual, pero a partir de ella su utilización ha pasado a ser masiva en todo el país para sustituir a buena parte del empleo estacional.

También en La Rioja: en enero, los fijos discontinuos solo representaron el 12,3% del total de contratos indefinidos que ese mes se suscribieron. Con la nueva normativa, la cifra comenzó a crecer de forma exponencial alcanzando su pico máximo en septiembre tanto en términos absolutos (4.764 contratos) como relativos (64,3% de los indefinidos).

La contabilidad estadística de estos contratos es la misma desde 1985 y no ha variado con la reforma laboral, insiste el Gobierno: los fijos discontinuos pueden trabajar en otro sitio en los periodos de inactividad de su trabajo principal. Pero si no lo hacen, oficialmente no son considerados parados ya que, aunque no estén de alta en la Seguridad Social y se encuentren incluso cobrando la prestación por desempleo, formalmente siguen ligados a sus empresas; no están despedidos. Al contrario, oficialmente quedan englobados en el grupo 'demandantes de empleo con relación laboral'.

¿Cuál es el problema? Pues que a pesar del peso que ha ganado esta contratación y de su impacto en el registro del paro, Trabajo no clarifica el número exacto de fijos discontinuos inactivos, esto es, los que realmente están sin trabajar, parados, lo que ha dado munición a la oposición para poner bajo sospecha el tratamiento estadístico que se hace de este colectivo.

Sin menos interés de parte, pero también diferentes observatorios (Fedea, BBVA Research o UAM, entre otros) alertan de posibles «distorsiones» en los datos de empleo y reclaman al Ministerio de Yolanda Díaz un «esfuerzo de transparencia», sin el cual «no será posible eliminar el ruido estadístico para realizar una evaluación rigurosa de los efectos de la reciente reforma laboral».