Un «avance» para frenar el negacionismo: así ve Beatriz Arraiz el pacto contra la violencia de género

Combatir la violencia machista y generar un 'cordón sanitario' frente al negacionismo son algunos de los objetivos del nuevo pacto de estado contra la violencia de género que supone, además, «un avance más en la libertad y la igualdad de los mujeres». Un pacto mejorado y ampliado con 461 medidas, frente a las 290 del anterior que data de 2017.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha querido valorar la renovación de dicho pacto de estado así como las novedosas medidas que se han incorporado. En nuestra comunidad autónoma hay 931 casos de mujeres víctimas de violencia machista, con distintos grados de riesgo. Hay 11 mujeres con riesgo alto y 191 medio. No hay riesgos extremos aunque, como reconoce, «esto cambia diariamente».

El nuevo texto incorpora también novedades en cuanto a violencia vicaria, económica y digital porque «las violencias van evolucionando y hay situaciones que son necesario proteger». Protección, en definitiva, para la infancia, juventud, mujeres mayores, migrantes o con discapacidad. También incide en la protección de la mujer, sobre todo, en el mundo rural «algo especialmente relevante en La Rioja donde 100 de nuestros 174 municipios tienen menos de 500 habitantes».

Para desarrollar este nuevo pacto, Arraiz ha explicado que se ha dotado de una financiación adecuada y en el nuevo texto se contempla un 50 por ciento más de dotación económica que el anterior, lo que supone un compromiso de 1.500 millones de euros para 5 años.

De esta financiación prevista, 160 millones anuales se destinarán a las comunidades autónomas, un 60 % más que en 2017; 100 millones anuales se destinarán a la Administración General del Estado, 20 millones más que en 2017; 40 millones anuales para los ayuntamientos, un 50 % más que en 2017; y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos.

Respecto a la violencia vicaria, uno de los puntos más importantes es la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.

Además, se perfeccionarán los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género para adaptarse a las víctimas menores de edad, elaborando indicadores específicos sobre la violencia vicaria, como la existencia de denuncias previas de violencia contra la madre, la intervención anterior de los servicios sociales en situaciones de conflicto familiar, el alcoholismo o la drogadicción del padre, las incidencias previas en el cumplimiento del régimen de visitas o el carácter violento del padre, entre otros.

También se desarrollará legalmente el reconocimiento de hijas e hijos víctimas de violencia de género como víctimas directas a través del título habilitante, durante el tiempo que sea necesario, que permita acreditar ante la administración la consideración de víctimas de violencia de género, permitiendo el acceso a los recursos destinados para estas víctimas.

Otra de las novedades es la incorporación de manera específica la violencia económica en el ordenamiento jurídico. De este modo, se reconocerá, regulará y definirá la violencia económica en nuestro derecho como forma de violencia de género, entendiendo como tal la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios.

Así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores, con el objetivo de que la mujer dependa económicamente del agresor, mermando sus opciones de escapar de la violencia y, por tanto, incrementando la posibilidad de que la situación derive en privaciones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o muerte.

Debe tenerse en cuenta que la violencia económica de género no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.

Se entenderá por violencia digital de género todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este, como los teléfonos móviles, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer por el hecho de serlo.

Para ello, se aprobará una ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con especial atención a la prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Asimismo, se prevé la realización de campañas de sensibilización sobre los tipos de violencia sexual que se manifiestan en el ámbito digital, incluyendo el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes modificadas, mostrando de manera pedagógica a las personas menores de edad las formas de violencia sexual para prevenirla, y sus consecuencias sobre las víctimas, incluida su salud mental, y su vida sexual y afectiva.

Por otro lado, se incorporan con mayor énfasis las perspectivas de infancia, juventud, mujeres mayores, migrantes, y pone especial atención, también, en las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad.

En cuanto al mundo rural, se incrementarán, en coordinación con las comunidades autónomas, la atención a las víctimas en las zonas rurales, con un mayor número de centros de acogida y/o de información de carácter comarcal o con recursos itinerantes que cubran más de una comarca.

Además, se continuará reforzando la presencia policial y se promoverán equipos especializados itinerantes de actuación.

Dentro de este ámbito rural, se brindará a las víctimas una atención y acompañamiento efectivos y de calidad, adaptados a las condiciones y especificidades del entorno de la víctima, así como se facilitará el acceso a recursos fuera del municipio de residencia de las mujeres víctimas de violencia para conservar el anonimato y el desplazamiento para garantizar la atención por parte de servicios especializados.

También se fortalecerá la colaboración entre administraciones para mejorar la red de recursos habitacionales destinados a las víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos y se impulsará que comunidades autónomas y entidades locales puedan prestar una atención más cercana, eficaz y accesible para las víctimas con discapacidad, así como para las que se encuentran en otras situaciones de especial vulnerabilidad, tales como las relacionadas con adicciones, salud mental, edad o procedencia, entre otras.

Otro aspecto a destacar es que se reforzarán las campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito rural, por la mayor incidencia en este entorno; entre la población migrante, dadas sus especiales circunstancias y, en muchos casos, su situación de vulnerabilidad; y se impulsarán campañas dirigidas a los hombres, con perspectiva intercultural y en diferentes idiomas, para combatir conductas machistas.

Por último, en cuanto a las medidas judiciales, se proponen medidas legales para impedir que el pago de las pensiones alimenticias se utilice para intentar modificar el régimen de visitas o para forzar acuerdos en los convenios reguladores, así como para evitar que pueda utilizarse el impago como forma de venganza del victimario.

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