Una auditoría concluye que la aportación pública al puerto seco de El Sequero fue una «subvención encubierta»

En el documento se considera, además, que «puede haber habido una vulneración de la normativa comunitaria en materia de ayudas y subvenciones, que trata de evitar que los estados miembros (o cualquier entidad perteneciente al sector público) puedan conceder ayudas a las empresas que les permitan situarse en una situación ventajosa respecto a sus competidores«.

La empresa auditora recuerda que el 3 de junio de 2022, la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje y la entidad mercantil Royo Operador Logístico S.L. otorgaron escritura de agrupación por la cual la Fundación se subrogaba en la ejecución de la obra del Centro Logístico Intermodal de La Rioja y en los contratos formalizados por la propietaria del suelo (Royo). La Fundación se comprometía a ejecutar las obras (con un presupuesto previsto de 3.650.000 euros), en el plazo máximo de tres años. El derecho de superficie tendría una duración de treinta y tres años, durante los cuales la Fundación ostentaría la propiedad de lo construido.

Al finalizar las obras del Puerto Seco, la Fundación se comprometía a suscribir con la propietaria del suelo (Royo), un contrato de comodato, es decir, una especie de préstamo de uso, de forma que el uso de las instalaciones sería cedido, a título gratuito y sin contraprestación de ningún tipo a la empresa privada, que lo recibiría para desarrollar su actividad mercantil, utilizarlo y explotarlo, permitiendo su uso a otras empresas a cambio de una tarifa. El contrato de comodato tendría una vigencia de treinta años desde la fecha de entrega del bien.

En definitiva, la Fundación se subrogaba en todas las obligaciones de Royo y asumía el coste y la ejecución del proyecto del Centro Logístico que, una vez finalizado, pasaría a explotar la entidad privada durante el tiempo suficiente hasta que adquiera definitivamente la propiedad de todo el complejo tras la extinción del derecho de superficie y «sin tener que haber hecho ningún tipo de desembolso económico ni asunción de riesgo alguno al respecto».

En este sentido, consideran que existiendo diversas alternativas jurídicas de colaboración público-privada para la gestión y explotación del Centro Logístico, puede considerarse que «optar por una que no genera ningún tipo de beneficio ni ventaja (ni para la Fundación ni para terceros), no resulta lo más conveniente para los intereses de la Fundación».

Asimismo, si se asimila todo el conjunto de la operación a un acto de enajenación, que finalizará con la transmisión de la propiedad del Centro Logístico a la empresa Royo, «no se ha respetado en ningún caso la obligación de garantizar la concurrencia y la imparcialidad, ni tampoco se ha justificado en el expediente que no exista otro operador que pueda explotar las instalaciones ni ninguna otra alternativa para hacerlo».

Respecto de la aplicación de la normativa en materia de contratación del sector público, KPMG entiende que se conculcan los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. Tampoco sería adecuado el objeto fundacional puesto que la construcción, puesta en marcha y explotación del puerto seco tiene repercusión no sólo en el sector del envase y del embalaje, sino que incide en el conjunto del desarrollo económico de La Rioja y, por tanto, estaría más alineada con otras entidades del sector público, como es la ADER.

El Centro Intermodal del polígono El Sequero, instalado en la antigua factoría de Altadis, venía, según justificaron entonces, no solo a paliar un déficit que arrastra la región, pese a que está situada en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, sino también a tratar de dar pasos hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El Gobierno de La Rioja colaboró con 3,6 millones con esta iniciativa privada que impulsó Transportes y Logística Royo, compañía que ha invertido 11,5 millones de euros en un proyecto con trenes de carga que conectan El Sequero con los puertos de Barcelona y Bilbao. Un tándem público-privado que tenía como objetivo posicionar estas instalaciones de 90.000 metros cuadrados en naves y pabellones en el norte peninsular.

La historia de colaboración público-privada comenzó meses antes de la inauguración del puerto seco. Según explicó Andreu, el Gobierno de La Rioja vio la posibilidad de que el CLIR de Transportes Royo contribuyera al desarrollo del tejido empresarial de la región, especialmente, al despegue estratégico de la Ciudad del Envase y el Embalaje. Por ello, el centro fue declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) el 23 de marzo de 2022, posibilitando la financiación pública.

La puesta en marcha de esta infraestructura en septiembre de 2022 tenía, según defendió el Ejecutivo de Andreu, impacto directo en el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje. Y la misma empresa auditora externa que hoy cuestiona la inversión pública, concluyó el pasado marzo que el método elegido para la transmisión de los terrenos propiedad de Sepes a la Fundación del Envase, con la intermediación de la Agencia de Desarrollo, era nulo de pleno derecho, por cuanto no respetaba el procedimiento administrativo.

La consultora avisó de la más que probable vulneración de la normativa comunitaria en materia de subvenciones porque mientras la ADER se obligaba a adquirir a Sepes 93.967 metros cuadrados por 61,16 euros el metro cuadrado, la Fundación pretendía venderlos luego a empresas privadas a 35 euros el metro