La Audiencia Nacional rechaza extraditar a la pakistaní vecina de Logroño acusada de participar en la muerte de su hija

Los magistrados de la Sección Tercera explican que tras el examen de la documentación extradicional se evidencia que la únicas resoluciones judiciales que se aportan , «al parecer dictadas en relación a un expediente policial», son una orden de arresto de septiembre de 2020 y una posterior «reclamación que requiere la apariencia de persona reclamada».

A esos documentos se añade, además, otra orden de arresto de diciembre de ese año, «todas ellas carentes por completo de expresión alguna de los hechos atribuidos a la reclamada y del lugar y fecha en que habrían sido cometidos».

«Tal falta de relato de los hechos atribuibles a, o que habría cometido, en concreto, la reclamada, es predicable de toda la documentación extradicional aportada. Ello parece deberse a que se ignora no ya en qué consistió la actuación o participación supuestamente delictiva de la reclamada, sino, incluso, qué es lo sucedido», sostiene la Sala.

El procedimiento, en el que la Fiscalía había informado a favor de la entrega, se inició a raíz de la denuncia en Pakistán de un hombre que relató que se había casado con una chica, con nacionalidad española --la hija de la reclamada--, en abril de 2020. El denunciante aseguraba que los miembros de la familia de ella no estaban de acuerdo con ese matrimonio y que se la habían llevado por la fuerza y la habían secuestrado o matado.

Tras examinar al completo el expediente de extradición, los magistrados concluyen que al desconocerse cuáles son los hechos que en concreto se atribuyen a la reclamada no se puede comprobar si se cumplen los principios de doble incriminación y mínimo punitivo que contempla la ley, por lo que la entrega debe ser denegada.

Esta decisión de la Sala llega después de que la propia AN acordase el pasado jueves la puesta en libertad de la reclamada. En concreto, el tribunal acordó tras la vista de extradición su libertad provisional, con la obligación de designar domicilio en España, de acudir a los juzgados a firmar cada quince días, y con la prohibición de salir del territorio español con entrega del pasaporte.

En la propia vista, la defensa de la mujer se opuso a la extradición porque consideraba que en las órdenes emitidas por Pakistán hay contradicciones, ya que en una se le acusa de conspirar para el asesinato y secuestro, mientras que en otra se le acusa del 312 del Código Penal de Pakistán --relativo al asesinato-- que puede acarrear la pena de muerte.

Además, entendía que la documentación presentada por el país asiático demuestra «una falta de respeto absoluta» hacia España porque muchos testigos ni han aparecido a declarar allí y no hay un auto de procesamiento.