La Audiencia juzgará en 25 días a partir del 27 de enero al exconsejero Muñoz

El extitular de Hacienda (1997-2011) se enfrenta a cinco años y nueve meses de prisión y una multa de más de seis millones de euros por los presuntos delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales. Junto al exconsejero (PP) se sentarán en el banquillo de los acusados su mujer, C.M.C., y un empresario de su confianza, A.G.R., y el apoderado y letrado de Bellomonte A.G.C., e I.M.A., respectivamente.

En su escrito provisional de acusación, el fiscal atribuye a Juan José Muñoz la decisión de crear la sociedad mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA (Emfrisa) con el propósito de construir una instalación de grandes dimensiones de producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico. La planta, según la operación que, de acuerdo con el relato del Ministerio público, «tuteló» el propio exconsejero, se instalaría en Torremontalbo y podría beneficiarse del régimen retributivo fijado en el Real Decreto 436/2004 y luego en el 661/2007, que incentivaban la generación de energías renovables obligando a la compañía eléctrica, en este caso Iberdrola, a comprar la electricidad y pagar a los productores de energía un precio superior al 575% al de la tarifa eléctrica media. La elevada rentabilidad favorecería la venta de la instalación a un precio de mercado, según calculaban, de unos 25 millones de euros.

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Muñoz, por incompatibilidad legal con el cargo como consejero de Hacienda que ostentaba entonces, no podía figurar en los actos y negocios jurídicos y utilizó en la operación a otro de los acusados A.G.R., un empresario de confianza y «ejecutor de cuantas directrices, actos y negocios le fueran ordenados por aquel». En este entramado, el extitular de Hacienda «utilizó» a su esposa, C.M.C., y lo hizo con «su conocimiento y consentimiento», apunta la Fiscalía, y con la pretensión de «incorporar al patrimonio de la unidad familiar los beneficios económicos de la operación».

El fiscal se remonta a la constitución de Emfrisa el 5 de diciembre del 2006, una sociedad promovida por Juan José Muñoz, quien «convenció a varias personas allegadas a él y a destacados empresarios, que conocía por su cargo público, para participar en dicha sociedad». Él intervendría en la operación representado por su esposa. Como socios figuraban doce miembros, entre ellos A.G.R. y su mujer, C.M.C., que suscribió 10.000 acciones por un valor nominal de 10.000 euros, lo que representaba el 8% de participación en una empresa que se constituyó con un capital social de 125.000 euros.

El parque solar fotovoltaico se instaló en una finca del paraje de Somalo, perteneciente al entonces término de Torremontalbo, y para ello, el propio Muñoz y A.G.R. urgieron al alcalde y al secretario a acelerar la tramitación de las licencias para poder beneficiarse de las jugosas primas. Para ello, la planta debía estar constituida antes del 28 de septiembre del 2008. En febrero del 2008, A.G.R. contactó con la mercantil leridana Bellomonte Logistic, de la que era apoderado otro de los acusados, A.G.C., y el letrado de la firma, el también procesado I.M.A. Para materializar la asociación, Muñoz, siempre a través de A.G.R., hizo un convenio con Emfrisa en el que esta vendía el 50% de sus participaciones a la empresa catalana por 1.575.000 euros. Los vendedores, es decir, A.G.R. y Muñoz, afirmaron en el contrato que la fotovoltaica riojana disponía de todas las autorizaciones administrativas cuando no era así. El 13 de marzo del 2008 se firmó un contrato en el que se mencionaba a la esposa del exconsejero. El mismo día se rubricó otro contrato en el que ya no figuraba. Bellomonte entregó cuatro pagarés por 866.250 euros.

Meses después, Muñoz propició que Emfrisa fuera vendida enteramente a terceros, «sin el conocimiento y la intervención de Bellomonte». El 15 de septiembre del 2008 A.G.R. vendía a European Sun Parks las 125.000 acciones de Emfrisa por 125.000 euros. Ese mismo día, Provif, representada por A.G.R., y Emfrisa suscribieron el contrato para la construcción del parque solar de Torremontalbo por algo más de 23 millones de euros. Este contrato «representaba la verdadera operación de venta del parque solar de Torremontalbo». La ejecución de la instalación solar correspondería a Provif. Finalmente, el parque no estuvo en condiciones de producir energía hasta los últimos días de diciembre del 2008.