Los asesinatos pendientes de juicio en La Rioja

En La Rioja son varios los casos sin resolver, en instrucción o pendientes de juicio. De algunos se han cumplido 45 años y de otros, aunque menos, siguen en el limbo, sin avances y pendientes de un golpe de suerte que permita hallar al o a los culpables.

Uno de los más antiguos del que hay constancia en nuestra hemeroteca ocurrió el 10 de agosto de 1978. Ese día, en la segunda planta del 39 de la calle Pérez Galdós de Logroño, aparecieron los cadáveres de un matrimonio con evidentes signos de violencia. Él era Benito Fernández González, un exguardia civil; y ella, Juana. La mujer murió primero y después le cortaron el cuello a Benito. Junto a los cadáveres había una gran cantidad de sangre. Casi medio siglo después aquellas muertes siguen siendo una incógnita.

También hay más incertidumbres que certezas en torno a la muerte de Venancio Bastida. Vivía en el número 1 de la calle Navarra de Haro y el 25 de abril no acudió a la cita con un amigo con el que tenía previsto acudir a la feria del ganado de Rincón de Soto. Su ausencia disparó todas las alarmas. Poco después su cuerpo fue hallado en el suelo de su piso. Su asesino sigue libre porque la fatalidad se alió con la mala fortuna, la cámara que controla el tráfico y que podía haber arrojado algo de luz estaba estropeada.

Estos son dos casos que si no imposibles, sí son de improbable resolución, pero hay otros, en concreto seis, a la espera de juicio.

Aunque con autor conocido y detenido, el asesinato de Pedro José Saez Alfaro sigue pendiente de juicio. En febrero de 2022, la Policía Nacional, en colaboración con la policía italiana, detuvo en el país transalpino al presunto autor del crimen del profesor jubilado del IES D'Elhuyar cometido en su domicilio en el número 9 de la calle Pepe Blanco, en Logroño. Se trata de un hombre de 33 años, de nacionalidad marroquí. Se cerró así, al menos policialmente, un caso que ocasionó gran conmoción por la extrema violencia empleada contra el exdocente. El cuerpo de Pedro José Sáez, que trató de defenderse, se localizó en la cocina de la vivienda que da al patio interior del gran edificio. Presentaba numerosos golpes, uno de ellos muy contundente en la cabeza, según desvelaron entonces fuentes de la investigación.

Las primeras pesquisas apuntaban a una mujer y un hombre como presuntos autores del crimen. Ambos eran compañeros sentimentales y les unía con la víctima una relación de amistad que acabó con graves desavenencias. Ella habría sido la inductora del crimen y él, el brazo ejecutor.

El móvil del terrible suceso era económico. La presunta inductora habría estafado 60.000 euros al exprofesor mientras mantuvo una relación «simulada» con él. Pero llegó un momento en el que la víctima se percató de la trama y denunció a la mujer en 2019 en los juzgados de Logroño. Admitida a trámite, se dictó, poco después, la apertura de juicio oral y la Fiscalía formuló acusación solicitando una pena de entre 4 y 6 años de cárcel. También se le reclamaba una fianza de unos 54.000 euros para asegurar la responsabilidad civil que pudiera derivarse de una eventual pena.

Visto que avanzaba el proceso judicial y bien con el fin de disuadir a la víctima para que no continuara, o bien para quitarle el dinero que tenía guardado en su domicilio, el ahora detenido acudió a su casa en la mañana del 18 de febrero. Tras agredirle, acabó con su vida y emprendió una apresurada huida de España dejando aquí un trabajo y, en general, una vida estable. Primero se reunió en Madrid con su pareja y en menos de 24 horas abandonó el país hasta establecerse en Italia.

El 5 de septiembre de 2018 el cuerpo del empresario ganadero Javier Castillejo, de 42 años, fue hallado en una balsa de riego en Alfaro. Ha pasado un lustro de aquello y el caso continúa en tierra de nadie porque tres de los siete detenidos que ingresaron en prisión provisional están en la calle.

Desde la aparición del cuerpo hasta la detención de los presuntos responsables del crimen hubo que esperar un año. La operación, bautizada como 'Yuko', se saldó con la detención de siete personas. Unas llevaron a cabo el crimen y otras les dieron cobertura. En total, eran cuatro hombres y tres mujeres de entre 20 y 61 años, todos del mismo clan familiar.

Tres de ellos, los supuestos autores materiales del asesinato de Javier Castillejo ingresaron en prisión provisional hasta que cumplieron el plazo máximo, sin que el juzgado prorrogara su estancia entre rejas hasta la celebración del juicio, y salieron a la calle. Pero ¿quiénes eran los presuntos asesinos? Tras abrir varias líneas de investigación, todo apuntaba, según informó a finales de octubre de 2019 la Guardia Civil, a la mano derecha y empleado de la víctima. Un hombre que responde a las iniciales J. G. A. y que los efectivos tildaron de «delincuente peligroso». J. G. A. tiene un amplio historial delictivo. En 2012 la Audiencia Provincial de Lleida le absolvió por falta de pruebas del asesinato del empresario cárnico leridano Santiago Mir, muerto el 1 de agosto de 2009 cuando cuatro encapuchados entraron a robar en su casa y le dispararon. El día que se cometió el crimen, J. G. A. estaba de permiso carcelario.

La muerte de María Mercedes, de 56 años, continúa en instrucción, con pequeños avances y con el marido de la víctima como principal sospechoso de su asesinato. El cuerpo de la mujer continúa en el Instituto de Medicina Legal (IML).

Sobre las 18.30 horas del 13 de octubre de 2020, el marido de María Mercedes llamó al 112 pidiendo ayuda. Su mujer, dijo entonces, se había quitado la vida y se encontraba en el interior de su vivienda en el barrio de Los Lirios, en Logroño. El suceso no trascendió, no tuvo repercusión mediática precisamente porque la hipótesis principal inicial fue que la propia mujer se había quitado la vida. Las evidencias posteriores desmontaron la tesis del suicidio, María Mercedes tenía varias puñaladas en el cuello y por la trayectoria era imposible que se las hubiera autoinfligido.

El suceso no trascendió hasta un año después. El crimen de Lardero cometido el 28 de octubre de 2021 destapó públicamente este otro crimen porque, aunque con escasa fuerza, también se barajó la posibilidad de que el condenado por el asesinato del pequeño Álex, Francisco Javier Almeida, estuviera detrás de este otro caso. No había nada, las sospechas estaban infundadas.

Las heridas de arma blanca y las sospechas de que pudo ser agredida sexualmente 'post morten'recordaban al 'modus operandi' empleado en el 'crimen de la inmobiliaria' ocurrido en 1998. Todo había sido una nube de humo. Lo cierto es que para entonces, el marido era el principal sospechoso y la policía le había detenido aunque poco después fue puesto en libertad con la obligación de presentarse en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Un año y tres meses después el crimen de Viniegra de Arriba sigue a la espera de juicio. Sobre las 15.00 horas del 11 de agosto de 2022 la Guardia Civil recibió un aviso y horas después extraían el cuerpo de Djafer Bechkat de una sima en Viniegra de Arriba. En paralelo se estableció un dispositivo, cerrando las vías de comunicación de toda la comunidad. En el operativo participó el equipo Pegaso con drones de apoyo aéreo de vigilancia. A las 18.00 horas localizaron la furgoneta que poco antes habían visto en la zona de la sima. Estaba estacionada en la avenida de la Constitución de Logroño. A las 19.00 la policía estrechó el cerco y detuvo a I. Z., de 39 años, vecino de Logroño pero descendiente de Viniegra de Arriba, y a las 21.00 localizó y arrestó en Alberite a J. G., de 45 años, el segundo de los presuntos implicados en el asesinato.

La detención de los dos individuos permitió ir esclareciendo un crimen cuyo detonante fue una deuda de 13.600 euros relacionada con drogas que uno de los dos detenidos, en concreto el vecino de Viniegra de Arriba, I. Z., había contraído con el fallecido. Precisamente sobre I. Z. pesaba una condena de tres años por tráfico de drogas, estaba en segundo grado y en el momento de los hechos disfrutaba de un permiso penitenciario que concluía el 12 de agosto.

El otro detenido, J. G., un traficante a media escala, a quien la investigación apunta como autor intelectual del crimen, tiene antecedentes por robo con fuerza, contra la seguridad vial, lesiones y malos tratos. Era un viejo conocido de la cárcel de Logroño, de hecho cumplió condena entre 2017 y 2018 y en marzo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de covid, fue detenido una vez más y regresó a la prisión. Nueve meses después, en noviembre, salió en tercer grado con una pulsera telemática.

Aunque es uno de los más cercanos en el tiempo, probablemente será de los primeros en pasar por el palacio de Justicia. A finales del pasado mes, la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Haro transformó en procedimiento del tribunal del jurado las diligencias previas que se instruyen por el caso de Guillermo del Castillo, asesinado el pasado 2 de mayo en su domicilio.

Los dos presuntos autores del asesinato –uno de ellos se encontraba de permiso carcelario en el momento de los hechos y el otro llevaba una pulsera telemática para la reinserción de las personas presas–, permanecen en prisión desde que fueron detenidos el pasado 16 de agosto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de mayo. Los presuntos asesinos A. D. G. D., de 53 años y nacionalidad española, y C. S. R. M., de 38 y nacido en Portugal, se desplazaron de Logroño a Cuzcurrita a bordo de un turismo conducido por el segundo. Una vez que llegaron a la localidad riojalteña, estacionaron en las proximidades de la vivienda de Guillermo Castillo, llamaron a su puerta y el empresario les dejó pasar al reconocer a uno de ellos.

En un momento dado, los dos individuos golpearon al hostelero hasta la muerte sin que este pudiera defenderse, le inmovilizaron y le encerraron en un cuarto. Poco después, registraron la vivienda y se dieron a la fuga tras apropiarse de una ínfima e irrisoria cantidad de dinero, 600 euros.

El cadáver de Guillermo Castillo fue descubierto a primera hora del martes 2 de mayo. Uno de sus empleados llamó a la hija del restaurador, Yolanda, porque había intentado infructuosamente contactar con él. La mujer acudió al lugar y encontró que la puerta estaba abierta. La Guardia Civil halló después el cuerpo del restaurador ya fallecido.

Los detenidos presuntamente golpearon a Guillermo Castillo hasta la muerte por un botín de 600 euros

Era verano, un sábado de calor tórrido y Salwa Zidan, psicóloga siria de 34 años, fue asesinada en su casa, en la plaza Martínez Flamarique de Logroño. Su marido, un ingeniero industrial de la misma nacionalidad y profesor universitario de 44 años con quien tenía tres hijos de 11, 9 y 7 años, es el único sospechoso del crimen.

S.A., esposo de Salwa, presuntamente la asesinó y luego fue a buscar a sus tres hijos, a los que llevó al entorno del río Ebro, con intenciones, según testigos, de arrojarlos al río y hacer él lo mismo. El detenido lo logró, mientras uno de los menores huía y ponía en alerta al entorno. Al rescatarle, el presunto asesino confesó lo que había sucedido en su casa.

Un agente de la Policía Local de Logroño, de servicio por una prueba deportiva en el entorno, fue el que detectó que este hombre se metía en el Ebro y fue el que avisó a la Policía Nacional. El agresor, que no tiene denuncias previas ni antecedentes, fue finalmente detenido por la Policía Nacional. El presunto asesino no ofreció resistencia en el momento de su detención porque, al parecer, se encontraba en shock.

Salwa y su familia habían venido a La Rioja, junto a otros cinco refugiados, el 29 de junio de 2016. Provenían de los campos de Líbano, adonde huyeron tras recibir cartas con amenazas en su pueblo, Rif Damasco. En Logroño esperaban encontrar una nueva vida. Cruz Roja se encargó de acogerlos durante seis meses hasta que, en vista de la buena adaptación y de los avances realizados, comenzaron a volar solos. Pronto encontraron los medios para vivir gracias al trabajo de él, mientras su esposa confiaba en convalidar sus estudios para también lanzarse al mercado laboral. Todas sus esperanzas se vieron truncadas el 8 de julio y ahora los restos de ella reposan en el cementerio musulmán de Logroño, él se encuentra en prisión y sus tres hijos continúan tutelados por la Comunidad de La Rioja a la espera de trasladarse a Berlín con sus abuelos y tíos.

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