El arquitecto de Villamediana dice que el pueblo es «mucho más que la caseta de un presidente»

Pardo, quien ha comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja sobre la aprobación del Plan General de esta localidad, se ha negado a contestar a la mayoría de las preguntas formuladas por los diputados de la oposición y ha leído un escrito, amparándose en que este asunto se encuentra en sede judicial.

Esta comisión pretende aclarar si el Plan General de Villamediana legalizó cientos de construcciones edificadas de forma irregular en suelo rústico, entre las que se encuentra un chalé del ex presidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz.

Pardo comenzó a trabajar a finales de 2007 en el Ayuntamiento de Villamediana con un contrato de servicios como asesor técnico urbanístico y se encargó de la supervisión de la redacción del Plan General, según ha reconocido.

El arquitecto, quien ha pedido a los miembros de la comisión que "por respeto" no tuiteasen la comparecencia, ha subrayado que si pretenden investigar la aprobación definitiva del Plan General -realizada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR)- "deberían cambiar de comparecientes".

"Si por el contrario, pretenden desacreditar la profesionalidad, la honradez y el buen hacer de los trabajadores y políticos de la Corporación, van en buena dirección, aunque deberían cambiar el nombre de la dirección", ha recomendado a los diputados.

En este sentido, ha alertado de que se podrían estar cometiendo los delitos de "desviación de poder y acoso ilegitimo".

Ha añadido que en esta comisión de investigación faltan dos miembros, que son dos personas que presentaron escritos coincidentes en el tiempo, tanto en argumentos como en acusaciones, que realizaron idénticos requerimientos de documentación y que tienen la misma afiliación política que algunos diputados de la comisión.

Respecto a la documentación solicitada por la comisión, ha detallado que presentó un escrito al Parlamento en noviembre pasado en el que puntualizaba que las cuestiones requeridas se encuentran actualmente en sede judicial, por lo que sus documentos pueden tener carácter de "información reservada" y están sometidos a la Ley de Protección de Datos.

Por ello, se ha preguntado por qué esta comisión "en lugar de tener una actitud prudente, de respeto hacia la acción judicial y a la independencia de la administración local, sigue insistiendo en investigar cuestiones fuera del ámbito competencial del Parlamento".

Así, ha apuntado que esta comisión "pudo ocasionar daños a derechos fundamentales como ocurrió con la curiosa filtración de documentación idéntica a la que el Ayuntamiento facilitó a la comisión en su primer requerimiento y que apareció publicada en algunos medios, incluyendo datos protegidos".

"Si siguen por este camino, también les recomiendo que se informen de los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y nuevamente desviación de poder", ha alertado a los parlamentarios.

Como ya hicieron el ex alcalde de Villamediana de Iregua Tomás Santolaya (PP) y la secretaria de este Consistorio, Myriam Torbado, en sus comparecencias en esta comisión en diciembre y noviembre de 2017, respectivamente, ha anunciado que no iba a responder las preguntas de los diputados.

Por último, ha citado a "un gran político" que también pisó la comisión -en alusión a Santolaya- y les recordó que la ciudadanía "espera mucho más" de los diputados, "zapatero a tus zapatos".