Dos compras de mascarillas y dos fallos sin retorno, al menos hasta hoy, de los seis millones pagados

El caso de Arneplant, que no fabricaba mascarillas y adaptó su producción a petición del Gobierno de entonces en un intento de proteger al personal sanitario, es diferente, aunque igualmente la empresa arnedana entregó un material que tampoco llegaron a utilizar los profesionales sanitarios. Las mascarillas, pese a que en el pliego de condiciones requería la condición de que fueran 'quirúrgicas', estaban certificadas únicamente como 'higiénicas', por lo que el Gobierno de Andreu acabó repartiéndolas en centros escolares e incluso a los ciudadanos en los 'vacunódromos' para la inmunización contra el covid.

El caso es que la Consejería de Salud –liderada entonces por Sara Alba y Alberto Lafuente– fue quien licitó el pliego del contrato por procedimiento de emergencia y la que pagó los 3 millones de euros a Arneplant, pero fue personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI), en concreto su directora Nuria San Servando, la que recepcionó la mercancía de forma irregular porque no era la persona competente para ello.

La auditoría de KPMG desrecomendó al Gobierno actual reclamar los 3,47 millones de euros por resolución del contrato, pero sí aconsejaba reclamar una indemnización a la empresa que, por el momento, no se ha producido, aunque el Ejecutivo de Capellán no descarta hacerlo todavía, según su consejero portavoz.