La protectora renuncia a prorrogar el contrato de recogida de animales abandonados en La Rioja

La Asociación Protectora de Animales de La Rioja (APA-Rioja) ha anunciado este lunes que no prorrogará el contrato de recogida de animales que tenía licitado por el Gobierno riojano. Se trata, en concreto, de un servicio al que concurrió como adjudicataria en el año 2022, por el que prestaba acogida y asistencia veterinaria a los animales que se encontraban abandonados en la región, con la excepción de Logroño, ya que en esta localidad se encarga la empresa de gestión privada Athisa.

Una drástica decisión que, de hecho, han trasladado «formalmente» al Ejecutivo regional y que solo puede revertirse, según la protectora, si se produce un cambio en las condiciones de licitación, porque la situación es «inasumible». Todo debido, en parte, a las cifras de abandono que se registran en la región y a que el 90% de los animales que se recogen desde la citada asociación están sin identificar, «por lo que nadie los va a reclamar», ha lamentado Carmen Faulín, presidenta de la entidad mientras criticó que La Rioja «es la única comunidad que no tiene ninguna Ley de Bienestar Animal».

En relación a esta recogida de animales, ha apuntado que «hemos continuado dos años con esta licitación sin ninguna normativa, reunión ni apoyo, haciendo lo que podemos, haciendo incluso el esfuerzo nosotros de buscar otro centro para poder albergar a los animales». Una coyuntura que les ha llevado a una situación «límite». «Lo hemos intentado hasta el final sin ninguna respuesta por parte del Gobierno actual. No les preocupa el número de animales que tenemos que asumir ni dónde se meten, porque las empresas privadas les son muy cómodas, les resuelven bien el problema sacrificando a los animales, ya que el 90% están sin identificar».

En este sentido, ha expuesto que ya el anterior Ejecutivo regional «inició la compra de una guardería en Cañas para alojar a los animales abandonados», que culminó «hace cinco meses, con la actual situación de desbordamiento de animales en la calle, pero permanece cerrado». Por ello, ha reiterado que «no se puede permitir que tengan un centro cerrado cuando hay tantos animales en la calle». De ahí que el Ejecutivo «tiene que asumir sus responsabilidades, crear una ley y que se cumpla, que todos los animales estén identificados y se reduzca el número de los que están en la calle».

La protectora, en cualquier caso, ha solicitado una reunión para revertir esta situación, pero no han obtenido respuesta. «Estamos abiertos a que quieran hacer las cosas bien, pero hace falta una ley y unas condiciones, porque no se puede permitir que tengan un centro cerrado ni tantos animales en la calle. No queremos renovar en estas condiciones».

Por su parte, el secretario de la asociación, José Nunes, ha apuntado que este servicio les ha supuesto un desembolso de 700.000 euros por encima del precio de licitación. En cualquier caso, ha asegurado que «los animales no son el problema, sino la consecuencia de los que no se atajaban por la falta de interés de la Administración y de los cuerpos y fuerzas de seguridad para identificar, esterilizar y evitar que cada vez hubiese más animales en la calle».

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