APA Rioja y otras entidades crean la federación para la defensa de los perros de caza

Fenpca, nacida para actuar en todo el territorio nacional, está integrada por diversas entidades de protección animal dedicadas desde hace años al rescate, acogida, recuperación y defensa jurídica de los perros utilizados para la caza, trabajo y guarda con el objetivo de defenderlos ante las instituciones. Así, además de APA Rioja, entre los socios fundadores de la nueva federación figuran las asociaciones: Galgos del Sur, Mastines en la Calle, Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, Fundación Benjamín Mehnert, La Sonrisa Animal, SOS Galgos, y Damac Juristas. La Presidencia la ostenta la Abogada Dulce Aguilera, Presidenta de ésta última Asociación.

Fenpca, presidida por la abogada Dulce Aguilera, responsable también de Damac Juristas, se ha marcado entre otros muchos objetivos establecer una relación de comunicación con las distintas administraciones públicas, con el fin de que la federación sea el referente nacional en la protección de los perros utilizados para la caza, actividades específicas y profesionales, además de la personación en procedimientos administrativos y judiciales y llevar a cabo una labor fiscalizadora de la administración en cuestiones de caza.

«Defenderemos y apoyaremos el fin del maltrato de los perros utilizados para la caza, trabajo y guarda, actuaremos sin dudar ante cualquier hecho punible y esperamos que cada vez más, las asociaciones animalistas nos unamos y federemos para conseguir erradicar el maltrato y su abandono», se compromete la nueva entidad en su comunicado de presentación, en el que resalta que «España es un país 'famoso' por el maltrato y el abandono a los perros en general y a los utilizados para caza, trabajo y guarda en particular». Por ello, desde Fenpca se advierte de que «ha llegado el momento de terminar con esta lacra que supone el maltrato a estos animales utilizados como meros instrumentos con el beneplácito de la administración».

La Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), excluyó del cumplimiento de la nueva normativa a los perros que se dediquen a actividades específicas, como la caza, el pastoreo o la seguridad.