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El sindicato ANPE-Rioja aboga por recuperar la figura del profesorado como autoridad pública, derogada por el Gobierno regional para el curso académico actual, con el fin de «contener el progresivo deterioro de la autoridad docente». Una medida necesaria, a su juicio, ya que ... serviría para devolver a este colectivo profesional «el reconocimiento de la sociedad» y que, además, es «coherente» con articular a través de «la negociación» una regulación de la convivencia en las aulas que transicione de un modelo «punitivo y sancionador» a uno reeducativo y en positivo».
El presidente de la central, Gustavo Navas, así lo planteó este miércoles en una rueda de prensa en la que el defensor del profesor, Andrés Toledo, alertó de un cambio en el tipo de agresiones que sufren los docentes, ya que ahora «son más sutiles» y no tanto físicas, pero «no dejan de ser acoso y conflicto, y de generar ansiedad».
El Gobierno de La Rioja derogó la figura del docente como autoridad pública «de forma unilateral y por cauces pocos adecuados», recordó Navas, porque esa eliminación se hizo a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales 2022, «evitando de este modo el pertinente debate parlamentario».
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No obstante, y una vez que la Consejería de Educación ha desistido del polémico artículo 53 de la Orden de Convivencia y «se ha abierto al diálogo», ANPE considera que es el momento de recuperar la figura de la autoridad pública, dado que «ensalza y poner en valor ante la sociedad» el papel que desarrollan los profesores «formando a las personas del futuro». Además serviría para «contener un progresivo deterioro de la autoridad docente», que estaría derivando en «una atmósfera de impunidad entre el alumnado».
Eso sí, esta iniciativa no colisiona, según el presidente de ANPE-Rioja, con un nuevo marco regulatorio de las relaciones en las aulas que mute del modelo «punitivo y sancionador» a otro «reeducativo y en positivo». «Nuestras postura es sencilla y totalmente coherente», enfatizó Navas. El diálogo con la Comunidad se ha reabierto «y ahí estaremos para esas dos futuras órdenes que vamos a negociar». Porque los fines del decreto «son correctos», pero para su implantación «faltan muchos recursos y formación».
Y es que, según ANPE, la actual normativa «ha provocado ciertos efectos no deseados en los centros educativos». Además del «considerable deterioro de la figura del docente como autoridad y de una atmósfera de impunidad entre el alumnado», hay «un alto nivel de incertidumbre para las familias de los alumnos que sufren conductas y actitudes negativas por parte de otros compañeros y un descontento generalizado entre los equipos directivos».
En cuanto a la falta de profesorado, el presidente de ANPE incidió en que es una cuestión que llevan tiempo reclamando y que hace necesarias más oposiciones, convocatorias extraordinarias y modificar la orden que regula las sustituciones, ya que la actual es «muy rígida y poco flexible».
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