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La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado esta mañana en el pleno del Parlamento la convocatoria de una oferta de estabilización de empleo público, para antes del 1 de junio, que supondrá la conversión de medio millar de contratos temporales e ... interinos de la Administración riojana en fijos. Andreu aprovechó una pregunta del diputado socialista Raúl Díaz para hacer el anuncio, dentro de lo que denominó que sera «la oferta de empleo público más ambiciosa de la historia, con casi 900 plazas en los diferentes sectores de la Administración pública riojana».
La máxima responsable del Ejecutivo ha asegurado que en 2021 se han publicado 42 convocatorias de ofertas de empleo, correspondientes a las ofertas atrasadas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Asimismo, ha destacado que los empleados públicos tuvieron en 2021 una subida salarial del 0,9% y que en 2022 alcanzó el 2%, mientras que se han convocado concurso de méritos para cubrir 54 y 190 plazas: «El Gobierno de La Rioja está haciendo un especial esfuerzo en dos áreas de empleo público, la sanidad y educación y, en el ámbito sanitario no solo hemos mantenido a todo el personal sanitario contratado durante la pandemia, sino que el Servicio Riojano de Salud ha incrementado su plantilla en 281 plazas respecto a 2020 y ha ofertado 373 nombramientos interinos en todas las categorías».
Anteriormente, Andreu ha eludido contestar a las preguntas orales formuladas por los portavoces de Ciudadanos, Pablo Baena, y del PP, Jesús Ángel Garrido, en el Pleno del Parlamento sobre los motivos del cese de Sara Alba, exconsejera de Salud, en un momento de máxima incidencia de la sexta ola de COVID. Se ha limitado a asegurar que «la estabilidad de mi gobierno es un hecho» y a asegurar que «nuestra prioridad siempre ha sido salvar vidas y al mismo tiempo ayudar a la población desde el punto de vista social y económico». «Todas las decisiones, incluso algunas muy duras e impopulares se han basado en anticiparse, colaborar y coordinarse».
El portavoz de Ciudadanos ha acusado a la mandataria riojana de «esconderse» y de haber cesado a la consejera en el momento más crítico de la pandemia de «forma irresponsable para lavar su imagen». Pablo Baena lamentó que el Parlamento, con el apoyo del PSOE y sus socios de IU-Podemos, decidiera interrumpir las sesiones durante tres meses y pidió a Andreu que «no se esconda porque le estamos preguntando lo que los riojanos se preguntan desde la víspera de Reyes en que hizo público el cese».
Tampoco tuvo éxito en sus preguntas sobre la destitución de Alba el portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, quien recordó a la presidenta que «ha cesado a seis de los ocho consejeros con que comenzó la legislatura» y le preguntó precisamente por los dos 'supervivientes': «¿Confía usted en la señora Hita, a la que han organizado una manifestación histórica de agricultores y ganaderos o en el señor González, que ha mentido sobre el impuesto de patrimonio y ha presentado un estudio sobre el artículo 46 de Estatuto que no cuantifica absolutamente nada sobre el efecto frontera».
Garrido acusó a Andreu de «crear chiringuitos para colocar amiguetes» y de cesar a todos los «discrepantes» de su gobierno, mientras que la presidenta respondió achacando a los anteriores gobiernos del PP la situación heredada en sanidad: «Lo que hemos hecho es devolver a lo público los servicios que nunca debieron externalizarse, contratar profesionales y nuestro empeño es reforzar la atención primaria». «En mi gobierno hay diálogo y los únicos gobiernos inestables son los de coalición de los partidos de derechas, que trabajan por el rédito electoral y no por el beneficio de la ciudadanía».
El rifirrafe político continuó con una nueva pregunta del PP sobre cuántos fondos del Plan de Recuperación habían llegado a las empresas riojanas. Garrido afirmó que «no nos fiamos de su gestión porque lleva hablando desde febrero del 2020 de proyectos estratégicos para La Rioja pero a día de hoy no tenemos nada». «720 días -añadió- y lo único que estamos viendo es la creación de una administración paralela para colocar a sus amigos». Andreu replicó que «ya se han comenzado a presentar proyectos, a pesar del boicot continuo de su partido a nivel local y regional». La presidenta calificó al PP de «derecha antipatriótica» y recordó que La Rioja es la segunda comunidad autónoma que más fondos europeos por habitante ha recibido hasta ahora: «Arrimen el hombro y dejen de meter cizaña», espetó al portavoz popular.
Varios asuntos económicos fueron objeto de debate en el pleno. Desde las dudas sobre la llegada a las empresas de los fondos europeos que despiertan entre PP y Ciudadanos, a la sorprendente defensa de la supresión del Impuesto de Patrimonio enviada al Estado por la Consejería de Hacienda riojana como propuesta para la reforma fiscal y también el informe presentado ayer por la propia presidenta, junto con la Universidad de La Rioja, sobre las compensaciones por el efecto frontera de acuerdo con el artículo 46 del Estatuto de Autonomía.
Alfonso Domínguez, diputado del PP, calificó dicho informe de «vacuo» y acusó al consejero de Hacienda, Celso González, de decir «unas cosas aquí y otras en Madrid, como que no es necesario compensar a La Rioja». El portavoz popular ensalzó la «excelencia técnica» del estudio, pero lamentó que no haya ningún tipo de cuantificación económica del perjuicio». Domínguez citó en este sentido varias comparecencias parlamentarias de la presidenta Andreu en las que anunciaba el encargo de dicho informe para «valorar, cuantificar y medir» el efecto frontera como primer paso para reclamar compensaciones: «Pero dónde está la valoración, la cuantificación y la medición», preguntó
Celso González replicó al diputado que el PP «no hizo nada para reclamar dichas compensaciones, salvo mentir durante doce años presupuestando 18 millones de euros que nunca se recibieron». «Cómo pueden reclamar algo sobre después de tanta mentira».
Domínguez y González se enzarzaron también sobre el Impuesto de Patrimonio. El diputado le acusó de «mentir a los riojanos» y recordó sus declaraciones negando que hubiera solicitado la supresión y luego admitiendo que así era cuando se hicieron públicas las alegaciones. «¿Cómo nos vamos a fiar de ustedes?», le espetó. El consejero insistió en que no está a favor de la supresión del impuesto, que de hecho recuperó su recaudación íntegra (15 millones de euros) en cumplimiento del pacto de gobierno, pero que sí está en contra de que no haya una armonización y que se produzcan caso de deslocalizaciones fiscales de contribuyentes.
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