«No se exime a las empresas de tener los ratios de personal establecidos»

Domínguez argumentó que esta situación «no es la primera vez que sucede». «En el mes de enero de 2021 hay una resolución el BOR del entonces consejero de Servicios Sociales que eximía a las empresas del pago de penalidades cuando hubiera un incumplimiento en el ratio de personal en los pliegos de contratos. Y no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes de que, derivado de la pandemia sufrida en los últimos años, hay una dificultad clara y objetiva, por parte de las empresas pero también de los servicios públicos de salud para encontrar profesionales», explicó ayer. «Eso estaba provocando un problema financiero importante a las empresas que prestan servicios en las residencias y en los centros de día de nuestra comunidad». abundó.

Después de ese momento de crisis causado por el covid y de la imposibilidad no solo de contratar personal para las residencias sino de cubrir las bajas, cuatro meses después se volvió a la normativa anterior, ante la protesta del sector, que ha llevado a los tribunales (sin éxito) la eliminación de esa parte importante de las penalidades (no se discute la obligación de pagar como 'indemnización' una parte del salario base sin antigüedad ni Seguridad Social de las plazas no cubiertas).

Para Domínguez, «el objetivo de este Gobierno es mejorar la calidad que se presta en estos servicios y por eso la Consejería de Salud y Políticas Sociales tiene implantado un plan de inspección de la calidad del servicio que se presta, lo que no se hacía antes».

«El hecho de que se exima a las empresas de pagar las penalidades no implica que se exima a las empresas de tener los ratios de personal establecidos por la legislación. De hecho, la propia resolución publicada en el BOR obliga a las empresa a acreditar que tienen verdaderas dificultades para contratar a esos profesionales, acreditando los procesos de selección, las comunicaciones que hacen, etc.», añadió el consejero.

Además, el consejero también argumentó que «la exención publicada en el BOR indica que el Gobierno de La Rioja los ratios que exigimos a las empresas son más altos que los que establece la normativa. Por eso a veces las empresas tienen más dificultades, porque tenemos mayores estándares de calidad que los que aparecen en la normativa».

Actualmente, la comunidad cuenta con casi 4.000 plazas en residencias divididas casi al 50% entre públicas/concertadas y privadas. En el primero de los casos, la cifra asciende a 2.001 mientras que las privadas son 1.916. Desde el Gobierno se insiste en que la resolución aprobada el pasado viernes solo afecta a las plazas sufragadas con dinero público.