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La comisión de investigación sobre el plan general de Villamediana recibía esta mañana a una testigo en primera persona de cómo fue la tramitación de aquel polémico plan, que acabó con la legalización del chalét del ex presidente Pedro Sanz, entre otras muchas edificaciones en ... la misma situación.
Efectivamente, Sonia Ibarguren, alcaldesa de la localidad entre 2003 y 2007 por el PSOE, contaba cómo fue la tramitación de aquel plan, y cómo tras la aprobación inicial del mismo se recibió en el Ayuntamiento lo que califica como «una avalancha de peticiones» coincidentes, para que se incluyera el llamado «sector disperso 5», en el que estaba el chalé de Sanz.
Ibarguren ha afirmado ante la Comisión que en aquel momento habló con varios vecinos de la zona, y que su conclusión fue que el entonces presidente de la comunidad había instigado personalmente a los vecinos a pedir esa inclusión al Ayuntamiento.
En el turno de preguntas, el portavoz 'popular', Jesús Ángel Garrido, afeaba a la ex alcaldesa no haber impugnado el plan cuando tuvo la oportunidad. Ibarguren respondió que «los servicios jurídicos de mi partido no me lo aconsejaron».
En todo caso, Ibarguren ha explicado que le pareció «sospechoso y chocante» que se incluyera en el Plan General un sector disperso alejado del casco urbano en el que las construcciones eran legales, ya que «no era lo que la localidad necesitaba en aquel momento».
La exalcaldesa socialista de Villamediana ha dicho que el municipio creció tan deprisa que el Ayuntamiento no tuvo tiempo de adecuarse, «hacían lo que buenamente podían».
Ha reconocido que no tenían mucho tiempo para vigilar, entraban peticiones de licencias de construcción todos los días, había técnicos que se encargaban de supervisar, junto al aparejador municipal Pedro Pablo Villanueva.
«El urbanismo era caótico pero por volumen de trabajo quiero suponer que todos queríamos hacer las cosas bien, aunque no todas salieron bien», ha asumido.
En la legislatura 2007-2011, en la que fue concejal de la oposición, ha explicado que se inició la redacción del Plan General, se presentaron alegaciones, se estimaron las oportunas, se aprobó provisionalmente el Plan y «de repente, a solicitud de un montón de personas que en la tramitación previa no dijeron nada, se pidió un nuevo sector, donde estaba la caseta de aperos de Sanz».
Con ese «montón de solicitudes calcadas, se decidió delimitar un nuevo sector que hasta entonces no estaba», ha detallado, algo que a su grupo municipal le pareció «chocante», porque «en aquella zona no había problemas, se construyeron algunas edificaciones con todas las bendiciones».
Además, Villamediana en aquella época necesitaba suelo dotacional, una de las razones por las que se decidió regular su urbanismo con un Plan, y aquel sector disperso estaba muy alejado del casco urbano, ha indicado.
Por ello, cuando la diputada de Podemos Natalia Rodríguez le ha preguntado si pudo haber trato de favor hacia Sanz en esta tramitación urbanística, Ibarguren ha reconocido que le resultó «sospechoso», algo que constató después al hablar con vecinos del pueblo que tenían propiedades en aquel sector.
Ha subrayado que no tiene «evidencias físicas» de que fuera un plan orquestado, como ha sugerido la diputada de Podemos, pero ha relatado que algunos vecinos le contaron que el propio Sanz les dijo que «sería interesante que esa zona se incluyese como sector disperso».
«Todo esto son conversaciones, no puedo dar fe de que sea cierto o incierto», ha insistido la socialista, cuyas denuncias en los tribunales fueron todas desestimadas.
«Esto terminó conmigo en el hospital, hay cosas que no recuerdo y de las que prefiero no acordarme», ha asegurado.
Para el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, tanto esta comisión como el resto forman parte de un «circo político y mediático, no existe afán de buscar la verdad, sino de generar ruido», porque el Plan General se podía haber impugnado en su momento y nadie se opuso.
También ha recriminado a los socialistas que no haya acudido a la sesión hoy su portavoz parlamentario adjunto, Francisco Ocón, ni algún otro diputado de su partido, por lo que el presidente de la comisión, Jesús María García, ha explicado que se ha ausentado por motivos familiares.
Por este motivo, García pidió ayer al letrado mayor del Parlamento, Jorge Apellániz, si podía sustituirle en la mesa el vicepresidente de la comisión, David Vallejo (Cs), para que él pudiera preguntar a Ibarguren, pero la letrada presente en la sesión lo ha rechazado, según lo establecido en el reglamento de la Cámara.
Garrido ha acusado a los socialistas de «actuar desde una perspectiva partidista y de usar las instituciones públicas de forma espúrea y fraudulenta», ya que sus tesis «se han disuelto como un azucarillo».
Por su parte, Vallejo ha dicho que en su grupo están «defraudados» con los testimonios de las comisiones y ha recalcado a al portavoz popular que no se ha convocado «para montar un circo, es para conocer la verdad, porque hay suficientes indicios y sospechas de que se benefició a un alto cargo, en aquel momento al presidente del Gobierno regional».
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