El alcalde de Torremontalbo cree «evidente» que Muñoz tenía interés en Emfrisa

El regidor ha recordado que se reunió hasta en dos ocasiones en un restaurante de Logroño con el exconsejero y A.G.R.. En aquellos encuentros, a los que también asistió el secretario del Ayuntamiento, «ellos nos decían qué es lo que había que hacer y que había prisa». Había un plazo a partir del cual la prima que era «muy favorable» y concedía el Estado por la producción de este tipo de energía dejaba de serlo y «estaban pendientes de que iba a llegar esa fecha y si no tenían la licencia las condiciones iban a ser diferentes».

Este testigo no ha escondido que le «sorprendió» que estuviera el consejero de Hacienda. «Me pareció chocante, pero pensé si fuera irregular ¿por qué iba a venir? Yo me lo expliqué de esa manera«, ha señalado. »Para mí era totalmente entendible porque querían montar una empresa«.

A preguntas de las defensas ha negado que se sintiera presionado en ningún momento por el entonces miembro del Ejecutivo de Pedro Sanz «porque en el fondo lo que nos pedían no era algo extraordinario«. Además, «la comida no representó ninguna injerencia» ni en su trabajo ni en el del secretario.

En la misma sesión han declarado como testigos el resto de accionistas iniciales de Emfrisa. Todos ellos han señalado que se incorporaron a la sociedad invitados por A.G.R., el mismo que tiempo después adquirió las participaciones ofreciéndoles una alta rentabilidad.

La sesión de hoy la ha cerrado un religioso de los Salesianos, congregación propietaria de Somalo, en el término de Torremontalbo, donde finalmente se levantó el parque solar. El religioso, que dejó la comunidad en el 2007, no ha podido arrojar luz sobre los extremos en los que se cerró la operación de arrendamiento de los terrenos.

El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones. Para la mujer de Muñoz, C.M.C., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Para A.G.R. reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidiariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.