El alcalde de Viguera que precedió a Jalón en el cargo le acusa de actuar por venganza

Así lo declaró este miércoles en la segunda sesión del juicio, en la que la causa quedó vista para sentencia, el exedil de Viguera, que no tuvo problema en reconocer que tiene un «profundo asco» hacia el acusado. Una afirmación que el presidente del tribunal dijo que se tendría en cuenta a la hora de valorar su declaración.

Jalón Velasco detalló que al poco de tomar posesión el ahora acusado les citaron a una reunión. Un encuentro entre las corporaciones entrante y saliente que calificó de «sainete», en el que Francisco Jalón les habría informado sobre el supuesto doble cobro de nóminas por parte de la secretaria municipal.

Según su relato, «este señor», en referencia al acusado, había construido un edificio en 2008 que «había sido un desastre». Consecuencia de aquello le abrieron un expediente, paralizaron la obra y «como casi todo lo llevó la secretaria, no la tragaba, y a mí me tenía más ganas que a un pollo asado», dijo.

En la misma sesión también declaró una concejal de la anterior corporación. Del encuentro de las 14 personas que formaban las corporaciones de 2011 y la precedente, indicó que tenía por objeto poner en conocimiento de todos que «la secretaria se llevaba dinero». La respuesta, según su versión, fue unánime y si así era, «dijimos que esa señora debía marcharse y devolver el dinero».

Una de las declaraciones más relevantes de este miércoles fue la del también regionalista Miguel Gómez Ijalba. Relató que su relación como abogado con el equipo de Gobierno municipal «era buena y relativamente fluida» y en 2012, cuando se detectaron una serie de deficiencias, entre ellas el presunto doble cobro de la nómina por parte de la secretaria municipal, «me preguntaron qué se podía hacer y dije que lo procedente era iniciar un procedimiento disciplinario. A partir de ese momento mi participación fue especialmente activa».

Gómez Ijalba defendió aquella actuación: «Todo lo que se hizo estaba amparado por la ley y la garantía respecto del trabajador fue absoluta, se habló con ella, se intentó no llevar a cabo el expediente disciplinario, pero ella se encerró en una sinrazón».

El asunto se trasladó a la dirección general de Política Local, competente en esta materia al tratarse de un puesto que la secretaria municipal ocupaba como interina, incluso se les solicitó que llevaran allí el expediente, pero a «la Comunidad Autónoma, a los entonces dirigentes (PP), les interesaba que esa persona continuara allí».

De acuerdo con su versión, la Comunidad Autónoma «llegó a decir que si actuábamos de una manera se podía dar a Viguera una subvención para un depósito de agua. Aquello fue una lucha política. A la Comunidad le convenía que esa persona estuviera allí, desconozco el motivo», sentenció.

Reconoció que les advirtieron de que la competencia de separación de la secretaria de su puesto –estuvo dos años apartada hasta que fue readmitida– no era del Ayuntamiento, sino de Política Local, pero «jurídicamente sigo pensado que lo que se hacía tenía amparo legal».

La vista quedó lista para sentencia después de que las partes elevaran a definitivas sus conclusiones provisionales. Para la Fiscalía, todos los cargos que imputa al acusado han quedado acreditados por la declaración de los testigos que desfilaron durante las dos jornadas de juicio celebradas en la Audiencia Provincial, lo mismo que la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Viguera. Por su parte, la defensa mantiene la inocencia de su cliente, pide la absolución y, en todo caso, que se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.