El alcalde de Ochánduri, imputado por obstaculizar el trabajo de la oposición

«No puedo acceder a nada. En los plenos no da documentación de ningún tipo. Llegamos sin saber qué se tratará y sin poder preparar nada. Estoy representando a todos los que me votaron pero no puedo hacer nada», lamenta la concejal.

En diciembre presentó una querella contra el alcalde y el secretario municipal por un presunto delito contra los derechos individuales. Hace unos días, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Haro imputaba a Pascual Ugarte y decretaba el sobreseimiento provisional y archivo en el caso del funcionario .

Ese auto, al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, enumera diferentes peticiones de información tramitadas por la concejal de la oposición. Así, señala que el 20 de agosto solicitó información «sobre una obra de desmonte llevada a cabo en la ladera del cortijo»; «el 15 de diciembre [...], sobre el material deportivo propiedad de la corporación y el tratamiento de aguas fecales»; el 19 de junio del 2017, sobre «distintas obras que se habían realizado».

«No constan resoluciones vinculadas a dichas solicitudes ni que el alcalde haya facilitado a la concejal del Ayuntamiento la información antedicha, necesaria en el desarrollo de su función», relata. A partir de esos hechos, sostiene el pronunciamiento judicial, «constan por tanto indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en el que nos hallamos, imputar a Pascual Ugarte un delito contra los derechos individuales», castigado en el Código Penal con una pena de entre uno y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Pascual Ugarte defiende que para todo hay una explicación, reconoce que existe «retraso» en las contestaciones a la edil de la oposición y niega intencionalidad. «Somos un pueblo de 70 habitantes, tenemos un secretario que viene tres horas y media a la semana, que lleva dos pueblos más y dos mancomunidades, yo soy agricultor... y el tema está en que contestamos tarde», justifica. En ocasiones, incide, el equipo de gobierno «intenta solucionarlo contestándole verbalmente en los plenos, pero ella lo solicita por escrito. Hacemos lo que podemos». Ugarte asume que «la situación del pueblo es un poco peculiar» y describe «un enfrentamiento un poco exacerbado por parte de la oposición».

El silencio del Consistorio, informa Jöel López, también ha afectado al Defensor del Pueblo. El pasado mes de mayo, tras varias peticiones de información infructuosas, Francisco Fernández Marugán determinó incluir a la «alcaldía en el informe de gestión que se eleva anualmente a las Cortes Generales, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las autoridades y funcionarios».

«Están atascando al Defensor con escritos y demás. Que si hay un apero agrícola en un campo y es peligroso, que si un árbol sale a la calle... y qué casualidad que los dos son míos...», lamenta Ugarte. «Es un machaque constante. La jueza determinará lo que sea», concluye.