El alcalde y los exconcejales de Soto en Cameros alcanzan un acuerdo y eluden la prisión

A partir de ahora, y una vez que reciban la sentencia, cada una de las partes podrá solicitar la suspensión de la pena que en el caso del alcalde, para quien inicialmente el fiscal pedía dos años de cárcel -lo mismo que para el resto de concejales- supondría su continuidad al frente al Ayuntamiento de Soto.

El resto de acusados, técnicos y directores de obra, alcanzaron un acuerdo por el que serán condenados a penas que oscilan entre los veinte meses de prisión y multa. En todos los casos la Fiscalía ha aplicado la atenuante cualificada de dilaciones indebidas por los 15 años transcurridos desde el momento en el se produjeron los delitos, que en la práctica consistían en hinchar los presupuestos para que ciertas obras municipales fueran subvencionadas íntegramente, hasta que finalmente los acusados se han sentado en el banquillo.

Los hechos se remontan a 2010. Por entonces, J.A.O, empresario condenado anteriormente por dos estafas, propuso al entonces alcalde, Miguel Pedro Cuesta, fallecido en 2020, un proyecto de actuaciones de desarrollo turístico, comercial, agropecuario e industrial a través de la empresa Nexus Consultores. Los dos acusados acordaron aumentar de forma ficticia el presupuesto de las obras para obtener una subvención que abarcara el total de las mismas y que a las licitaciones se presentara la empresa GOP, Soluciones y Servicios Generales, cuyo titular era un testaferro.

Estas actuaciones suponían «contar con el conocimiento, colaboración y beneplácito del secretario», también acusado, al igual que el de los técnicos y directores de obra, igualmente presuntos autores de delitos de falsedad y fraude por haber dado «fe de haberse gastado cantidades mayores que no coinciden con la realidad y son el soporte documental necesario para cobrar un importe mayor de subvención».

Según la versión del fiscal con la que este miércoles se han mostrado conformes los procesados, toda la corporación municipal de dos legislaturas legitimó los acuerdos del Pleno en los que se adjudicaron obras a GOP «en favor del pueblo y su prosperidad». Los proyectos ideados pretendían conservar el paisaje del cañón del río Leza, mejorar caminos rurales y rehabilitar neveras y un mirador en la ruta de Treguajantes.

Para el fiscal, todos los concejales del equipo de Gobierno eran conocedores de que «las obras, si bien estaban subvencionadas, tenían que pagarse en parte por el Ayuntamiento», pero este no terminó empeñando fondos propio. Las pruebas documentales se extrajeron en el registro del Ayuntamiento de Soto realizado por la Policía Judicial en agosto de 2014.

Las cuentas del 'Proyecto piloto de conservación del paisaje del cañón del río Leza', las del 'Mirador y neveras rutas de senderismo Soto-Treguajantes' y las de una última denominada 'Mejoras de caminos rurales del Cadme, fase II' son Intervenciones que deberían haber estado subvencionada entre el 55% y el 90% pero, «sobre la base de hinchar mendazmente el contenido de los conceptos a justificar», se ejecutaron sin coste alguno para el Consistorio camerano.

«Esta manera fraudulenta de actuar en las tres obras analizadas fue la práctica habitual del Ayuntamiento de Soto en Cameros en muchas de sus actuaciones en el período de 2003-2014». Según el fiscal, se emitían certificaciones de obras «por importe ficticio superior al real» y «se expedía pareja una factura por el importe real». El Ayuntamiento pagaba la primera a una cuenta bancaria de la empresa GOP e «inmediatamente después» de esta cuenta salía a otra del Consistorio «el exceso entre el importe certificado y el coste real de la obra».