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El exconsejero Juan José Muñoz manifestó al alcalde de Torremontalbo «que estaba directamente interesado en el parque solar» que estaba previsto construir en este municipio. Así se lo manifestó el primer edil al agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) ... que ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que se sigue contra el extitular de Hacienda por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y tráfico de incluencias.
De acuerdo con este testigo, uno de los encargados de la investigación, así se lo explicó el exprimer edil de este municipio riojalteño al tomarle declaración por estos hechos. Entonces, le comentó que se había reunido hasta en dos ocasiones con Muñoz, Á.G.R. y el secretario del Ayuntamiento de Torremontalbo en un restaurante de Logroño, donde le pusieron al tanto de la existencia de la sociedad mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA (Emfrisa) que tenía el propósito de construir una instalación de grandes dimensiones de producción de energía de origen solar fotovoltaico.
Este mismo testigo se ha remontado al origen de este caso. Era 2009. El 18 de noviembre de ese año la sociedad leridana presentó una denuncia ante la sección Económica y de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Cataluña en la que hizo constar que estaba interesada en comprar el 50% de Emfrisa y con este fin, el 13 de marzo del 2008 se firmó la operación en un acto en el que se elevaron varios pagarés. Uno de ellos estaba a nombre de la mujer de Muñoz, C.M.C., también imputada en esta causa, que fue compensado el 27 de marzo en una cuenta del banco Sabadell en la que figuraba como cotitular con su esposo.
C.M.C estaba en un primer contrato, aunque con posterioridad «apareció otro en el que ella ya no figuraba», ha señalado este agente. También se averiguó que un día antes, el 12 de marzo, C.M.C. había vendido sus acciones a A.G.R., tanto las que tenía en Emfrisa como las que poseía en Provif, a través de la sociedad patrimonial que había creado junto a Muñoz, Narrauri Varia Inversiones. No obstante, mostró su extrañeza porque esta venta se habría hecho en documento privado el 12 de marzo, pero no se elevó a público hasta finales de julio y porque hubiera «dos contratos sobre un mismo hecho, uno en el que figuraba la mujer de Muñoz y otro en el que no, era algo extraño», ha reiterado.
También ha mostrado su «perplejidad» por el incremento del valor de las acciones en tan poco tiempo. Por las de Emfrisa, donde había invertido 10.000 euros, percibió de A.G.R., quien se había ofrecido a comprar el 100% de la compañía a todos los socios, 50.000, y por las de Provif, más de 276.000 euros.
En la misma sesión, otro de los agentes que intervinieron en la investigación del caso ha recordado que en la denuncia inicial que interpuso Bellomonte se detallaba que esta sociedad había adquirido en marzo del 2008 el 50% de Emfrisa y por esta operación, entre otros, había emitido un pagaré a nombre de C.M.C. por unos 326.000 euros. Con posterioridad, en julio de ese mismo año, se dijo que la mujer de Muñoz no podía haber vendido entonces las acciones porque las había enajenado previamente. Por tanto, «el cobro de ese pagaré no sabemos a qué se corresponde. Pudo ser un trato de favor, no podemos entenderlo como venta de acciones», ha indicado.
Sea como fuere, aquel pagaré, según ha detallado, fue ingresado en una cuenta del Banco Sabadell en la que aparecían como cotitulares Muñoz y su esposa.
El agente se ha referido a la existencia de dos contratos sobre la operación de venta de Emfrisa a Bellomonte, pero solo en el primero aparece C.M.C. En este se dice que la mujer del exconsejero «actúa en nombre propio y en nombre de su esposo». Además, se hacía constar que la sociedad contaba con todas la autorizaciones administrativas, tanto locales como autonómicas, para la construcción de la planta solar en Torremontalbo, que era el objetivo de la mercantil.
El secretario del Ayuntamiento de Torremontalbo -lo era entones y lo sigue siendo ahora- ha ratificado los dos encuentros que mantuvo con el alcalde de este municipio, el acusado A.G.R. y Muñoz en una restaurante de Logroño. En aquellas reuniones, de acuerdo con su versión, se hablaba casi exclusivamente del proyecto de parque solar que se iba a instalar en el término de Somalo, un proyecto en el que el exconsejero habría invitado a participar al Ayuntamiento, «pero le dijimos que no», ha señalado este testigo.
Antes de aquellas comidas, A.G.R. había presentado las solicitudes para la concesión de las correspondientes licencias que necesitaba el parque para su construcción y entonces, este procesado le dijo que «había personas importantes detrás del proyecto», ha recordado el secretario de Torremontalbo, el último en declarar hoy en la sesión de un juicio que continuará mañana.
Antes de comenzar la vista, el presidente del tribunal, Alfonso Santisteban, ha acordado que varios de los testigos citados en los próximos días asistan con abogado o puedan no contestar a preguntas que les puedan perjudicar al estar inmersos como investigados en otra causa que se sigue en paralelo contra ellos por presunta prevaricación administrativa y falsificación documental. Entre ellos, ha mencionado a Florencio Nicolás, director general de Industria entonces y director general de la Cámara de Comercio en la actualidad; el empresario Á.G.R. y Jesús Aguado, responsable de Iberdrola entonces.
El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones. Para la mujer de Muñoz, C.M.C., el fiscal reclama un pena de cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Para A.G.R. reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A. pide tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidiariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.
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