El PP advierte que la ley Celaá pone en riesgo a 31 centros riojanos

Se trata, ha dicho, de una reforma que «quiere acabar con la educación concertada, la educación especial y hacer desaparecer el español de allí donde haya una lengua cooficial y gobiernan partidos nacionalistas» además de «arruinar la calidad del sistema educativo».

Bretón ha subrayado que se trata de un proyecto «inconstitucional» porque «vulnera la libertas educativa» al «eliminar la demanda social en la programación de plazas escolares» ya que «los padres tendrán que solicitar plazas en una ventanilla única y no en los colegios» con lo que «sería el Gobierno socialista quien distribuiría las plazas a su antojo».

Al final, ha dicho, el objetivo es «dejar sin alumnos a la enseñanza concertada» para «acabar con un modelo que ha contribuido al éxito y que ha convivido en armonía con la enseñanza».

«Los padres tienen derecho a elegir colegio, sea público o privado», ha recalcado Bretón, quien ha destacado que el proyecto «pone en riesgo la supervivencia de 29 centros en La Rioja».

También ha destacado el que los docentes riojanos, de colegios públicos y privados «han dado un buen ejemplo en la pandemia y no han dejado de trabajar» pero «ahora el Gobierno quiere compensar ese esfuerzo cerrando líneas en algunos centros y enviándoles al paro».

El dirigente del PP ha criticado «que se aproveche un estado de alarma para imponer una ley que nace sin consenso, ya que no se ha hablado de ella ni con los afectados, ni con la oposición».

«De forma arbitraria, el Gobierno socialista ha querido poner la educación al servicio de ideologías, de IU, de Podemos y de partidos nacionalistas, pero no responde a los retos de la comunidad educativa», ha incidido Bretón.

Ha recordado que «en La Rioja ya hemos sufrido estos ataques» ya que «Andreu suprimió líneas en educación concertada, como una avanzadilla de lo que Moncloa le había dado instrucciones».

El dirigente popular ha alertado de que otras consecuencias en La Rioja de este proyecto pueden ser el cierre de dos centros de Educación Especial, el que «la asignatura de religión pase a ser de tercer nivel» o el que «se acabe con la cultura del esfuerzo al pasar de curso con asignaturas suspendidas».

«El colmo es suprimir el español como lengua vehicular en la educación, algo que apoya nuestro consejero de Educación», ha criticado, en alusión a Pedro Uruñuela «que ha realizado declaraciones que suponen un atentado contra el idioma, y nadie le ha desmentido».

El PP, ha recalcado, va a «defender sin fisuras la libertas de los padres para elegir centro, la educación concertada y especial y en contra de regalar aprobados».

Ha recordado que su partido ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto y ha promovido una recogida de firmas contra la Ley Celaá a la que pueden sumarse los ciudadanos en la sede del PP riojano.

También ha pedido a la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, que «active los mecanismos que hay a su alcance para que esta Ley no se aplique en La Rioja» en alusión a la posibilidad de promover una Ley regional «que garantice la libertad de elección de las familias», ha concluido.