Adiós al peaje de la AP-1 entre Miranda y Burgos

A principios de noviembre, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, confirmó que a partir del 1 de diciembre se podría circular por la AP-1 (Burgos-Armiñón) sin pagar peaje y abogó por pactar el futuro de las autovías y autopistas, únicas infraestructuras de transporte que se pretende que sean gratis. Ese día ya ha llegado.

La red de carreteras, incluidas autovías y autopistas, «es la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita», cuando por el resto se paga, dijo el ministro, quien ha recordado que por el uso de los puertos, los aeropuertos y las vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones. Además, según informaba entonces Efe, salvo en las autopistas de peaje, en el resto de vías no han ninguna contribución por parte de ninguno de los usuarios, «ya no digo los vecinos, si no los turistas o comerciales-camiones-», que producen un deterioro de la vía y sin reversión alguna, aseveró Ábalos.

Insistió entonces el ministro en que se mantiene la decisión de no prorrogar las concesiones de autopistas de peaje que vencerán durante la actual legislatura y que, en algunos casos, ya se ampliaron 24 años más de lo previsto inicialmente. Las autopistas afectadas serían la AP-1 Burgos-Armiñón, y las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019.

«No vamos a prorrogar las concesiones que vencen en la actual legislatura. Serán liberadas y de uso gratuito», afirmó Ábalos, quien invitaba a reflexionar a las formaciones políticas sobre la sosteniblidad de la red viaria general y en particular de las vías de alta capacidad -autovías y autopistas-. Para ello, el grupo socialista ha instado a la creación de una subcomisión en el Congreso, ha subrayado Ábalos, quien ha recordado que la red de alta capacidad, que suma 20.000 kilómetros, no ha dejado de crecer, mientras han disminuido los presupuestos para el mantenimiento de las carreteras. Ha recordado que hay territorios penalizados y territorios sin gravamen, «lo que supone una discriminación», por lo que ha abogado por acordar entre las distintas formaciones políticas un modelo «igualitario» y racional en el que se apueste por su sostenebilidad y alejado de la idea de hacer «proyectos políticos» en torno a un peaje.

Lo que sucederá desde mañana en la AP-1 tiene tintes históricos ya que todo apunta a que será el inicio de un proceso de transformación en la gestión de la red de carreteras de titularidad estatal. Porque así como el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado a bombo y platillo su decisión de liberalizar las autopistas a medida que vaya expirando su concesión, también ha comenzando a abonar la idea de que el todo gratis se va a acabar, que hay que buscar vías de financiación para la conservación de los 15.523 kilómetros de carreteras de alta capacidad que hay en el país. De ellos, sólo 3.309 son de pago. En plata, que habrá que pagar por circular por las autovías ya que el coste anual para las arcas públicas asciende a más de 11.000 millones. Respecto al cómo o el cuánto, eso ya es otro cantar.

Aunque el tema ya ha llegado al Congreso para comenzar a ser estudiado a través de una subcomisión, nadie espera movimientos de calado a corto plazo dado el ciclo electoral tan intenso al que se enfrenta el país.