Edificio de la Bene de Logroño, que acoge la sede de la Consejería de Educación de La Rioja. Miguel Herreros

Cs acusa a Educación de iniciar «una caza de brujas» contra las extraescolares de los concertados

La diputada regional Belinda León sostiene que la Consejería, a través de la Inspección Educativa, trata de «asfixiar» a los centros «con inspecciones para tratar de encontrar irregularidades donde no hay denuncias»

Luis J. Ruiz

Logroño

Miércoles, 3 de noviembre 2021, 12:24

La diputada del grupo parlamentario de Ciudadanos de La Rioja, Belinda León, ha denunciado esta mañana en una rueda de prensa que la Consejería de Educación continúa «buscando el conflicto permanente» entre la red pública y la red concertada y ha asegurado que ha emprendido ... una «caza de brujas» con un plan de intervención de la Inspección Técnica Educativa dirigida contra los centros concertados de la región.

Publicidad

«Las actuaciones que se están realizando se están alejando de las funciones, fines y objetivos que debe perseguir la unidad técnica de inspección, que tendría que ser la mejora de la calidad educativa. Ha empezado una campaña de búsqueda de irregularidades y de caza de brujas en los centros concertados analizando la financiación de las actividades de carácter voluntario», ha dicho León recordando que su formación ya denunció el pasado mes de julio que el Ejecutivo regional había abierto la puerta «al amiguismo y al enchufismo» al modificar el decreto que rige la inspección educativa y eliminar el requisito de cuatro años de experiencia para optar al cargo de presidente.

«Hay una polémica permanente desde la segunda parte del curso pasado con los servicios complementarios que se cobran en todos los centros», ha incidido León, apuntando que «el consejero, en varias ocasiones, ha manifestado que veía necesario intervenir a través de la inspección técnica educativa dado que provocaba una discriminación entre las familias. La propia presidenta amenazó con la apertura de expedientes si se discrimina por motivos económicos y socioeconómicos».

Para la diputada naranja, el objetivo de Educación es «buscar la asfixia de los centros concertados con inspecciones para tratar de encontrar irregularidades donde no hay denuncias, en las extraescolares, en el servicio del comedor, en el transporte escolar, en el gabinete médico o en cualquier otro de carácter análogo», ha denunciado recordando a Educación que las actividades y los precios «los fija el Consejo Escolar y los centros sólo lo comunican a la Consejería. La inspección está facultada para ver que no son discriminatorias, pero no puede hacer uso de esa facultada para establecer una presunción de culpabilidad», ha completado la diputada denunciando que Educación y el Ejecutivo de Andreu actúa con la red concertada «desde la arbitrariedad y desde la sospecha».

"Una barbaridad", según Educación

Desde Educación, en respuesta a lo dicho por León, han tildado sus acusaciones de “barbaridad que identifica a la persona y al partido” y con las que sólo se persigue “meter miedo”. Fuentes de la Consejería han recordado que al tomar el mando de la política educativa encontraron “un requerimiento del Tribunal de Cuentas en el que se indicaba que no se revisaban las conciertos ni el pago de cuotas de las familias” por lo que “desde el inicio de la legislatura se ha trabajado en ese control”. En esa línea, recuerdan desde Educación, “el consejero ha ofrecido a los centros concertados la creación de una comisión mixta para este tema”.

Publicidad

En la misma línea, desde Educación sostienen que mezclar esta cuestión con lo sucedido en Inspección Educativa es “insultante e irrespetuoso” para los profesionales del servicio. “Cuando llegamos, la inspección estaba desmantelada con apenas 6 personas. Se han convocado oposiciones para elevarlo a 14 personas. Son profesionales que han ganado su plaza en una oposición en la que no hay ninguna intervención del Gobierno”, recuerdan explicando que la reforma de la normativa que flexibilizó los requisitos para asumir la dirección de la inspección fue obligatoria. “Se ofreció el puesto a quien llevaba más de cuatro años, pero lo rechazó y hubo que cambiar la norma. Es insultante y una falta de respeto señalarles de esta manera poniendo en duda su profesionalidad e independencia. Supervisan todos los centros de la red educativa, no solo los de la concertada”, completan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

¡Oferta 136 Aniversario!

Publicidad