El acuerdo que la pandemia ralentizó

Apoyo parlamentario. La coda del documento es precisamente la que comprometía a los socios en primera instancia a respaldar la investidura de Andreu y prolongar luego su apoyo hasta las próximas elecciones. La candidata socialista recabó los apoyos para llegar al Palacete y también en la primera gran prueba de fuego: tumbar las enmiendas de la oposición y sacar adelante los primeros Presupuestos del nuevo Ejecutivo que se diseñaron en tiempo récord. La fidelidad al acuerdo en este punto se reflejó también en, por ejemplo, la exigencia de no apoyar la reprobación de ningún miembro del Ejecutivo. Así lo hicieron IU y Podemos al votar en contra de la única que se ha planteado hasta ahora (del PP contra Sara Alba) y que registró la abstención de Cs.

Fiscalidad. El visto bueno al Presupuesto del 2020 lo fue también a la Ley de Acompañamiento donde se validaron algunas de las medidas fiscales que definen más rotundamente el cambio de Gobierno y que preveía el pacto. Desde la recuperación de la integridad del Impuesto sobre Patrimonio a la reducción de las deducciones en el de Sucesiones y Donaciones. También se materializó la progresividad del IRPF aumentando el tipo al 25% para rentas de más de 60.000 euros y al 27% a partir de 120.000 euros.

Artículo 46 y nuevas leyes. La aplicación del artículo 46 del Estatuto ha sido uno de los arietes con el que PSOE y PP se han enfrentado casi históricamente. El acuerdo de gobernabilidad contemplaba hacer efectiva (por fin) la comisión mixta Estado-Comunidad Autónoma requerida para concretar la compensación a La Rioja por el 'efecto frontera'. El compromiso no ha cristalizado aún, como tampoco la concreción de hasta trece proyectos de ley incluidos en el pacto en el plazo de la totalidad de la legislatura.

Educación. La política educativa es una de las áreas sobre las que el pacto consensuado entre PSOE, IU y Podemos-Equo hacía más hincapié y donde se auguraban cambios de mayor calado. Entre ellos, quitar el concierto a los centros sostenidos con fondos públicos que no cumplan con la función social para la que son financiados, segreguen a los alumnos por condición de sexo o esquiven a los menos favorecidos. A ello se añadía la voluntad de, en caso de tener que prescindir de unidades en centros de La Rioja que se encuentren en la misma localidad, actuar sobre los privados. El acuerdo en este punto llevó a un ajuste de las ratios exigidas que suponía en principio eliminar nueve aulas en la red concertada. Cuatro de ellas fueron recurridas ante la Justicia en una escalada de tensión que (entre otras razones) llevó al relevo de Luis Cacho. Otro de los epígrafes que ya es realidad alude a la supresión del cheque-bachillerato o la reducción de las tasas de la EBAU, de lo que hizo bandera IU. Entre otros muchos aspectos, el documento recoge también otro 'clásico' entre las promesas electorales: la construcción del colegio público Los Lirios en Logroño. El horizonte es el del final de la legislatura, pero hasta ahora no hay progresos constatables.

Sanidad. El refuerzo de los servicios públicos que empapa el espíritu del documento ponía fechas y nombres en materia de Salud. El compromiso de extinguir el contrato con Viamed-Los Manzanos que finalizaba el 30 de noviembre del 2019 no se cumplió. La complejidad para asumir de golpe toda la asistencia impidió cumplir el plazo y se firmó una prórroga de un año para implementar el proceso. Lo que sí se reinternalizó (no sin polémica) fue la derivación a Los Manzanos de los heridos de carácter leve en accidentes de tráfico o el implante percutáneo de válvulas aórticas (TAVI). Sigue pendiente asumir otros servicios externalizados sobre los que los socios de Andreu más presionan, como el de ambulancias, así como integrar la Fundación Hospital de Calahorra en el SERIS. Entre los hitos, destaca el desahucio del parking del CIBIR, aunque una vez que la Consejería asumió la gestión, el TSJR admitió el recurso de la concesionaria y decretó la suspensión cautelar del rescate que, todavía hoy, el Ejecutivo no ha atendido.

Participación. Aunque el pacto subrayaba volver a poner en marcha «de inmediato» la Defensoría del Pueblo, aún sigue a la espera. Tampoco se ha progresado en la modificación de la Ley Electoral para bajar al 3% el umbral de votos para entrar en el Parlamento. En memoria histórica, siguen sin eliminarse los vestigios franquistas en La Rioja pese a que el catálogo ya está completo y accesible en la web oficial.