La abogada de la segunda bebé intercambiada en Logroño reclama la indemnización aprobada hace dos meses

La letrada recuerda que hace veintidós meses comenzaron el proceso y hasta el pasado 19 de enero no les notificaron la resolución del Consejo de Gobierno -fechada el 16 de ese mes- estimando la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Consejería de Salud por un error de la Administración. En la misma resolución reconocían el derecho de la víctima a recibir 850.000 euros de indemnización, 590.000 el padre y 145.000 el hermano.

Transcurridos más de sesenta días, Redondo critica que la Administración no ha efectuado el pago, es un cuestióna de «empatía y moralidad por el daño soportado que este expediente tenga una resolución inmediata»

El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer la resolución, reconoció el error cometido: «Era obligación de la Administración controlar la identidad de las dos niñas desde el momento de sus nacimientos hasta sus respectivas altas hospitalarias, para garantizar que cada una de ellas fuera entregada a sus padres biológicos y no a otras personas».

Dado que esto no se produjo, consideran que existió una disfunción en las medidas de identificación y control de los bebés, por tanto, «resulta acreditada la existencia de un nexo causal entre la actuación de la Administración y el daño reclamado». Una conclusión a la que previamente también había llegado el Consejo Consultivo de La Rioja.

El intercambio de las bebés de Logroño se remonta a junio de 2002. Con cinco horas de diferencia nacieron en la antigua residencia San Millán dos niñas, Ana y María (son nombre ficticios). Las dos niñas nacieron con bajo peso y fueron trasladadas directamente a la unidad de Neonatología donde fueron colocadas en incubadoras consecutivas, la 1 y la 2.

Un día después, el personal las trasladó de las incubadoras 1 y 2 a las cunas 6 y 7. La bebé que ingresó en la incubadora 1 tiene anotado al día siguiente que sale de la incubadora 2 a la cuna 7 y en la anotación de la pequeña de la incubadora 2 aparece que sale de la 1 a la cuna 6.

Días después les dieron el alta y cada una fue entregada a los padres de la otra directamente desde la unidad de Neonatología. Sus vidas quedaron cruzadas desde entonces y a Ana la criaron los padres biológicos de María; y a María, como los padres de Ana tenían una discapacidad incapacitante, la crió la abuela biológica de Ana.

Hubo que esperar quince años hasta que todo saltara por los aires. La abuela de María reclamó una pensión de alimentos a su supuesto padre. Este negó que fuera el padre de la menor y las pruebas de ADN lo confirmaron después. Más adelante se comprobó que tampoco la supuesta madre era realmente la progenitora y con esta incertidumbre María acudió a la Consejería de Salud que cotejó 13 nacimientos en fechas próximas al de María y concluyó que, a falta de una prueba de ADN, solo pudo ser cambiada con Ana.

En 2021 las pruebas confirmaron el intercambio de las bebés y el Juzgado de Familia ordenó la inscripción de María en el Registro Civil como hija de sus auténticos padres biológicos.

Redondo no descarta acudir a la vía judicial para instar la ejecución de la resolución, puesto que consdiera que existe «una manifiesta inactividad por parte de la administración».