Más de 40.000 riojanos, a la espera del alza del IPREM pactada por Sánchez e Iglesias

Según los últimos datos disponibles, el IPREM es el medidor a través del cual 41.942 riojanos están obteniendo apoyo de las arcas públicas para poder optar al alquiler de una vivienda, hacerse beneficiarios de la Renta de Ciudadanía o formar parte del colectivo favorecido con el bono social eléctrico. En todo caso, la subida de este índice clave para las ayudas sociales tendrá que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que no se prevé que sea posible antes de que finalice el verano.

El IPREM entró en vigor en el 2004, cuando el Gobierno desligó el cálculo de las ayudas sociales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El objetivo era que las subidas importantes en el SMI no tuvieran tanta repercusión en el gasto público y, de hecho, aunque las cuantías de los dos indicadores eran muy similares, las diferencias entre ambos se han disparado en los dos últimos años. Este 2020 el SMI está en 950 euros al mes , tras el acuerdo negociado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos más representativos, mientras el IPREM se mantiene en los 537,84 euros mensuales, la misma cantidad desde el 2017, cuando subió un tímido 1% tras de seis años de congelación. Así que mientras el SMI ha vivido dos revoluciones en los últimos dos años (con un incremento conjunto del 29%), el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) lleva prácticamente diez años sin tocarse.

El acuerdo de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ha cuantificado la subida que se propondrá, pero la idea es crear un mecanismo más automático de incremento que no dependa de la voluntad del Gobierno de turno, como ocurre ahora. Porque, según el decreto que lo regula, cada Ley de Presupuestos Generales del Estado que consiga sacar adelante un Ejecutivo determinará la cuantía del IPREM «teniendo en cuenta, al menos, la previsión u objetivo de inflación utilizados en ella».

El fallido proyecto presupuestario de Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy (la propuesta no salió adelante y forzó la convocatoria de elecciones generales) incluyó una subida del 2%. Junto a la mejora del IPREM también cayeron otras medidas, como el aumento de las ayudas por hijo a cargo. Vía real decreto, el Ejecutivo, ya en funciones, aprobó en los bautizados como 'viernes sociales', algunas iniciativas para los colectivos más vulnerables (por ejemplo, la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años y las ayudas contra la pobreza infantil), pero dejó congelado el IPREM. Y una de sus consecuencias inmediatas es que este indicador no se ha adaptado a la evolución de la inflación.

Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 2004, año de la implantación del IPREM, y el 2019, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido el 28,8% en la comunidad frente al incremento medio nacional del 27,9%. Es más, en estos dieciséis años, La Rioja ha sido la región en la que más se ha encarecido la vida, solo por detrás de Cataluña (32,6%) y del País Vasco (29,6%). Un espacio temporal en el que el IPREM solo se ha revalorizado el 16,8% (77,34 euros en términos absolutos), mientras que el SMI lo ha hecho el 93,60% (459,2 euros más de lo que ascendía en el 2004).

Hay muchos recursos públicos 'indexados' al IPREM. En el ámbito regional, y según los últimos datos hechos públicos, este indicador ha sido utilizado en la concesión de 538 ayudas a la rehabilitación de edificios, 19.000 beneficiarios de descuentos entre el 25% y el 40% en la factura eléctrica (compete al Gobierno central), más de un centenar de ayudas a jóvenes para la compra de vivienda en el medio rural, 900 tarjetas de transporte para estudiantes de enseñanza no obligatoria o 13.000 subvenciones consignadas a apoyar a menores de 36 años en el pago de sus rentas de alquiler. A ellos se suman 2.188 beneficiarios de la Renta de Ciudadanía y 6.200 parados de larga duración (más de un año en el desempleo).

El problema es que cuanto más bajo está siendo el IPREM menos personas tienen derecho a optar a los apoyos públicos a poco que suban sus ingresos (es el caso de los llamados 'trabajadores pobres' que, como denuncian los sindicatos de forma reiterada, a pesar de tener un empleo a jornada completa carecen de medios suficientes para sufragar sus gastos vitales básicos), porque el acceso se calcula aplicando un multiplicador al IPREM. Así, por ejemplo, en el caso de las ayudas a la rehabilitación de edificios, se pueden beneficiar de hasta el 75% de subvención quienes tienen ingresos tres veces inferiores al IPREM, es decir, 1.613,5 euros al mes.