Los 350 funcionarios de Justicia riojanos comienzan una huelga indefinida con paros de tres horas

Todos reclaman, en su mayoría, el reconocimiento de las funciones que desempeñan a diario en los juzgados. En concreto, porque su labor va más allá de la que aparece determinada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). «Todos los papeles y actuaciones que se organizan en un juzgado pasan por manos de los cuerpos generales, de los auxilios, tramitadores y gestores, pero no aparecen definidas claramente en la Ley Orgánica del Poder Judicial», expone Javier Ochoa, responsable de Justicia de CSIF La Rioja. 

Porque a pesar de que esta norma establece una serie de competencias a cada cuerpo, también fija unas cláusulas generales. «Ahí hay un cajón de sastre de funciones que se delegan, que se realizan y que no se ven reflejadas luego, porque esa actividad no es reconocida para los compañeros, que ven funciones delegadas que muchas veces no se cobran», apunta Ochoa. 

También tienen en el punto de mira la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que se encuentra en trámite parlamentario y que, como expone el responsable de Justicia de CSIF La Rioja, les impone nuevas condiciones laborales sin que se hayan tenido en cuenta las necesidades de los representantes de los trabajadores o de los propios empleados. «Somos los que vamos a llevar el peso de la nueva organización», explica el responsable de Justicia de CSIF mientras añade que «hay que reconocer nuestra labor, no tanto económicamente, sino de funciones, quién va a tirar del carro una vez se apruebe esta ley que nos afecta a nuestros centros de destino, a nuestra movilidad, que podría ser forzosa; a todas nuestras condiciones de trabajo, relaciones de puestos laborales y complementos». 

No solo eso. Con este nuevo frente, planteado a nivel nacional, también reclaman la consecución de la carrera profesional. «Hace cuatro años que se aprobó en Ley Orgánica, pero todavía no hemos desarrollado esa carrera profesional», denuncia Ochoa, que hace hincapié en que «llevamos ya mucho tiempo detrás del Ministerio de Justicia intentando que cuando entren en funcionamiento los juzgados y los nuevos tribunales de instancia, lo hagan teniendo en cuenta las necesidades del personal, porque eso redundará en un beneficio para el ciudadano y el servicio público». 

Las sensaciones de los efectos que tendrán estos paros son positivas. Este lunes, de hecho, fue la primera jornada de huelga y su seguimiento ha sido «masivo». «Es pronto para saber cómo continuará, porque llevamos desde las 10, pero el seguimiento ha sido importante, creo que porque los compañeros saben que es ahora el momento de que se reconozca nuestra labor en los juzgados». 

Una huelga que, de cualquier manera, afectará al devenir del servicio público. «De 10 a 13 horas tenemos un cuerpo, como es el de auxilio judicial, que es el que graba las vistas y hace los llamamientos en vistas que, en caso de no estar, probablemente haya que suspender los juicios y actuaciones», apunta el responsable de Justicia de CSIF La Rioja. Porque, como insiste Ochoa, «durante estos paros no se van a realizar las actuaciones que pasan por las manos de un gestor, un auxilio o un tramitador, por lo que se va a ralentizar la prestación del ejercicio». 

Por todo ello, instan al Ministerio de Justicia a que, por lo menos, «se siente a negociar con nosotros, porque tampoco ha anunciado una reunión para hablar de todos estos temas, para que haya una pronta solución a este conflicto». Sobre todo, porque en el horizonte no se vislumbra ninguna fecha de finalización. Todo dependerá, no obstante, de la respuesta que adopte en los próximos días el Ministerio de Justicia. «Dependerá de cómo evolucionen las cosas en el Ministerio para ver cómo evoluciona la huelga», asegura Ochoa, que explica que «dependemos de la comunidad y del ministerio».