Dos de cada tres empleadas de hogar siguen sin cotizar tras cinco años de regularización

Urbano Beriain, de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (FeSMC) de UGT-Rioja atribuye la existencia de «esta bolsa de trabajo en negro a dos factores: muchas trabajadoras no tienen sus papeles en regla y sólo pueden trabajar de esta forma; pero hay otras, con su situación totalmente regularizada, a las que sus empleadores no quieren contratar y que se tienen que buscar la vida en la economía de subsistencia». Su colega de CCOO de La Rioja, Gema Martínez Madurga, añade que «a nuestro sindicato viene mucha gente que tiene firmado un contrato particular con sus empleadores pero que no está dada de alta». «Atendemos entre 40 y 60 casos anuales», especifica la secretaria de Prevención, Riesgos e Igualdad de la Federación de Construcción y Servicios del segundo sindicato más representativo de La Rioja.

En junio del 2012 finalizó el plazo de seis meses que el Gobierno de España estableció para que los trabajadores del servicio doméstico dejasen de cotizar en el régimen especial de hogar y comenzasen a hacerlo en el general. La nueva regulación, desarrollo de un acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo y las principales centrales, despertó muchas expectativas pues no sólo se trataba de «dignificar» las condiciones de trabajo de estas empleadas, sino de sacar a la luz los empleos que se mueven en la economía sumergida.

Cinco años después del cambio de cotización, el sistema ha aflorado en La Rioja 419 empleos al pasar de los 2.540 afiliados en julio del 2012 a los 2.959 en mayo de este año. La ratio del mes pasado es la más baja en términos absolutos y en la comparativa interanual. El máximo se registró en julio del 2013 con 3.014 trabajadoras domésticas dadas de alta en la Seguridad Social.

Hasta el cambio de regulación, las empleadas de hogar que trabajaban por horas pagaban sus cuotas a la Seguridad Social. La transición al nuevo régimen de cotización obligó a los empleadores a inscribir a sus trabajadoras en el régimen general (se beneficiaron de bonificaciones durante los años 2012, 2013 y 2014), un cambio que también afectó a las empleadas a tiempo parcial que hasta ese momento no estaban obligadas a cotizar. Con la nueva normativa, el colectivo se beneficia, entre otros derechos, de la baja por enfermedad común y accidente de trabajo, así como de la revalorización automática del salario cada año. Un lustro después, no obstante, continúa pendiente de desarrollo el derecho de estas trabajadoras al cobro de la prestación por desempleo.

El perfil

A pesar de las modificaciones legislativas, «la economía sumergida pervive y el mayor agujero negro está en el colectivo de empleadas, la inmensa mayoría, que más que a las tareas del hogar se dedica a cuidar a personas mayores y dependientes», subraya Beriain.

El perfil, describe, es «el de una mujer, inmigrante (antes eran más las sudamericanas, pero ahora las superan en número las procedentes de los países del Este de Europa), sin la documentación en regla, por lo que no pueden ser dadas de alta en la Seguridad Social, y que están malísimamente pagadas porque ni siquiera llegan al Salario Mínimo Interprofesional(SMI) que es el que rige para aquellas que están registradas en el sistema». En este sentido, Beriain apunta a que «nos encontramos ante una laguna legal y, pese a nuestras demandas y peleas, no hay manera de que se arregle».

Por su parte, Martínez Madurga sostiene que «la única arma que la sociedad tiene para combatir el trabajo en negro en este colectivo es la Inspección de Trabajo». «Nosotros hemos puesto muchos casos en conocimiento de las autoridades laborales», enfatiza. Las razones que llevan a las mujeres a buscar asesoramiento en CCOO de La Rioja son «muy diversas: desde que no les paguen el sueldo a que no tienen vacaciones o pagas extraordinarias». «Esas son las consecuencias de la economía sumergida, que muchas se ven obligadas a aceptar porque de lo contrario sus empleadores les dicen que se van a buscar a otra», concluye.