Salud cerró en febrero el parking del San Pedro para «cumplir una obligación contractual previa»

Después de que como preámbulo la mesa rechazara la pretensión de Ruiz Macías de intervenir junto al director gerente de la Fundación Rioja Salud, Javier Aparicio, por haber ejercido ya como compareciente ante el mismo foro, la también gerente del SERIS recalcó que ostenta el cargo desde abril del 2016 y, por lo tanto, su participación en los contratos investigados se ciñó a su parte final. Según recordó, el acuerdo transitorio fijaba inicialmente como plazo para limitar el acceso al parking Oeste del San Pedro septiembre del 2015 -pospuesto luego a julio del 2016- y pesaba la «amenaza» de la adjudicataria de hacer valer los términos del primer contrato. «Había que cumplir unos acuerdos cuya oportunidad se puede discutir, pero que objetivamente están ahí», recalcó para abundar en que el nuevo acuerdo resultó «mejor que el original» tras unas negociaciones «durísimas».

A preguntas de C's, la secretaria general técnica confirmó que la Consejería debió conveniar con el Ayuntamiento de Logroño la cesión de una parte de los terrenos, al tiempo que abundó en la ordenación del tráfico como otro argumento nuclear para justificar el cerramiento del parking completamente abierto hasta ese momento. «Se dejaban coches allí durante días e incluso había hasta caravanas», aseguró a la vez que sostuvo que la decisión no ha vulnerado en ningún momento el derecho a utilizar este espacio. «Nadie puede decir que paga por aparcar si va al San Pedro por una cuestión sanitaria», defendió.

Lejos de esa lectura, la socialista Nuria del Río hizo hincapié en que la propuesta primigenia no contemplaba ningún condicionante sanitario y sólo después de la presión de la oposición se introdujo ese matiz. «No se pensó ni en el tráfico ni en los usuarios, sino sólo en cobrar por dejar el coche en un parking público que ya estaba construido para mejorar la cuenta de beneficios de una empresa particular». Y agregó: «Lo demás son adornos». Desde Podemos, Germán Cantabrana opinó que el cerramiento ha supuesto un perjuicio tanto para la gente como para el sistema, inquiriendo a la secretaria general sobre el escenario previsto cuando concluya el acuerdo transitorio en abril del 2018. «Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la ocupación del CIBIR, pero somos optimistas», prologó para indicar que «todas las opciones del pliego están abiertas; también la resolución del contrato, por qué no».

Jesús Ángel Garrido (PP) rehusó interrogar a Ruiz Macías y se limitó a ensalzar «la capacidad de la comunidad para reaccionar en favor del interés general» y censurar la «alegría» con que la oposición plantea la nulidad del contrato. «La obligación de la Administración es cumplir las leyes», concluyó.