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EFE
Lunes, 22 de mayo 2017, 23:55
El Tribunal de Cuentas ha detectado una "permanente insuficiencia estructural" de los créditos iniciales de gasto sanitario para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, a pesar de conocerse el gasto real de ejercicios anteriores.
Así lo ha subrayado hoy en la ... Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas el presidente de este organismo, Ramón Álvarez de Miranda, quien ha considerado que se debería partir del gasto del año anterior a la hora de presupuestar este capítulo.
De ese modo se evitaría en buena parte tener que acudir a modificaciones presupuestarias que, en realidad, no introducen medidas de ahorro en la gestión administrativa.
Álvarez de Miranda ha expuesto hoy en la citada comisión los informes de fiscalización globales del sector público autonómico, de los ejercicios 2010-2011, 2012 y 2013, así como de las comunidades de Extremadura, La Rioja, Cantabria y Murcia y de las ciudades de Ceuta y Melilla de los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, y de Castilla-La Mancha (2013 y 2014).
La mayor parte de las comunidades fiscalizadas tenían pendientes de reconocer obligaciones correspondientes a gastos realizados, debido a la falta de consignación presupuestaria, circunstancia que, ha dicho, afecta fundamentalmente al gasto sanitario.
También se observa un paulatino incremento en la consignación de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, lo que puede "distorsionar" la sostenibilidad financiera del sistema sanitario.
Universidades públicas
Según el Tribunal de Cuentas, las universidades públicas deberían asimismo elaborar "con rigor" sus presupuestos antes del comienzo del ejercicio económico, incluyendo toda la actividad docente e investigadora, a fin de reducir sus modificaciones presupuestarias.
Con carácter general, Álvarez de Miranda ha señalado que las cuentas se rindieron dentro del plazo legal, excepto las de Aragón, en 2011, y Ceuta y Melilla, en 2010 y 2011, si bien existe una tendencia a modificar las normas para postergar aún más los ya "heterogéneos" plazos de rendición.
Los principales retrasos e incumplimientos se presentan en los entes y empresas públicas, las fundaciones y los consorcios.
En este punto, el organismo fiscalizador valora el esfuerzo llevado a cabo para reducir los entes instrumentales, que han pasado de 1.221 en 2011 a 901 en 2013. Respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el sector público autonómico en su conjunto incumplió los límites establecidos en todos los ejercicios.
No obstante, la situación difiere entre comunidades, teniendo en cuenta, además, que en 2013 se establecieron objetivos de estabilidad diferenciados para cada una de ellas.
Incumplieron su objetivo en ese ejercicio Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Navarra, Murcia y Comunidad Valenciana, con distintos grados.
Endeudamiento
En cuanto al endeudamiento, el tribunal concluye que el saldo de las administraciones generales ha pasado de 70.763 millones de euros a 1 de enero de 2010 a 183.096 millones a 31 de diciembre de 2013, lo que supone un incremento del 158,7 % en cuatro años.
Destaca, en términos absolutos, el importe total del endeudamiento, en todos los ejercicios, de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid.
Sobre contratación, con carácter general, observa en la planificación una "insuficiente justificación" sobre la necesidad de celebrar el contrato; deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, y una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios.
En el contexto de crisis, el Tribunal de Cuentas avisa de que hubo una tendencia de las empresas a ofrecer mejoras significativas en las prestaciones y en las bajas de adjudicación, que llegaron a alcanzar "valores anormales o desproporcionados".
Ante esta situación, la mayoría de los pliegos prevén la calificación de temeridad por la mera concurrencia de determinadas bajas, no en relación con el promedio de las ofertas presentadas, sino del presupuesto de licitación, en contra de lo previsto legalmente.
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