Los empresarios del parking del CIBIR afirman «perder dinero» con la gestión

De acuerdo con la información facilitada por fuentes de la comisión -en la sesión anterior se aprobó a petición del PP con el apoyo de C's que, a diferencia de las comparecencias de responsables políticos, la intervención de ayer de los empresarios fuera secreta- Hernáiz del Campo y Ortega se apoyaron en los informes jurídicos emitidos para defender la legalidad tanto del contrato inicial como el acuerdo posterior pese al cambio de condiciones cuestionado por la oposición.

Siempre según las mismas fuentes, ambos alegaron el mismo visto bueno oficial para rechazar las dudas sugeridas en el sentido de que pudo haber carencias en el apartado de solvencia económica y el de capacidad técnica. En el primer punto por faltar aspectos de garantía en el documento y en el segundo por el hecho de que, aunque ya habían intervenido en la construcción de aparcamientos, no habían gestionado hasta entonces ninguno pese a que ése era el objeto del contrato.

Relaciones, canon y cierre

Acompañados por su abogado, los citados en sede parlamentaria detallaron que no se presentaron ni al concurso abierto inicial al que optaron 46 compañías que finalmente se retiraron ni al segundo que también quedó desierto. Fue cuando Rioja Salud optó por un procedimiento negociado cuando valoraron optar al negocio, aunque no concretaron quién contactó con ellos para formularles esta invitación. En este punto y a preguntas de integrantes de la comisión, los responsables de Aparcamientos CIBIR negaron mantener relaciones personales con ningún miembro actual o pasado del Gobierno, más allá de un conocimiento general por razón de su larga trayectoria en el sector de la construcción.

También se desligaron del uso que hizo la Administración del canon desembolsado y sobre el que asimismo se interrogó en anteriores sesiones, subrayando que se limitaron a ingresar el total de los 9,4 millones fijados por este concepto en cuanto se formalizó el contrato. Tampoco aportaron nueva información en relación al cierre del aparcamiento Oeste I y el cobro por determinados usos que se materializó el pasado 1 de febrero, sin llegar a concretar cuál de las partes sugirió incluir esta exigencia en el acuerdo que, a su juicio, beneficia más al Gobierno que a sus intereses empresariales.